Por: Claudia Molina B.| Factos Reportajes
La administración del alcalde Mario Desbordes (RN) en la Municipalidad de Santiago no tardó en levantar sospechas sobre el uso discrecional de recursos públicos. A menos de un año de asumir, su círculo de confianza ya protagoniza un nuevo escándalo de sobresueldos vía horas extra, reviviendo viejas prácticas de corrupción institucionalizadas bajo administraciones anteriores.
Según datos recopilados por la plataforma “Santiago en Datos” bit.ly/43uW6VO, abril fue un mes particularmente lucrativo para varios funcionarios de alto nivel. Horas extra millonarias se sumaron a sueldos ya abultados, generando lo que en la práctica equivale a una duplicación de ingresos mensuales, sin fiscalización efectiva ni justificación operativa clara.
El club de los sobresueldos
Entre los casos más llamativos figura el de Gustavo Biolley Soto, exdirector regional de SENAMA bajo Piñera, que en abril cobró $1.100.000 en horas extra, además de su remuneración base. A él se suma Gonzalo Torres Ferrari, actual concejal de Colina y asesor municipal con sueldo base de $6 millones, quien además cobró $982.000 en horas adicionales. Torres fue investigado anteriormente por su vínculo con el llamado “caso basura”.
El administrador municipal, Claudio Pontillo, marido de la exsubsecretaria Katherine Martorell (formalizada por la compra irregular de cámaras Go-Pro para Carabineros) y con pasado como jefe de avanzada presidencial, sumó $712.000 en horas extra. Según antecedentes previos, también figuraba con contrato en la Municipalidad de Calera de Tango y, a la vez, en la Municipalidad de Santiago, de acuerdo a Transparencia, según la pagina de transparencia, lo que abrió la polémica por eventuales contratos duplicados.
María Fernanda Román, otra exfuncionaria del círculo piñerista —y quien sucedió a Martorell en la Subsecretaría de Prevención del Delito—, recibió $670.000 adicionales. Ella fue jefa de finanzas en Las Condes durante la gestión de Daniela Peñaloza (UDI), por lo que bien podría haber conocido los desvíos financieros que marcaron esa administración.
Cargos, política y vínculos republicanos
En el listado también aparece Macarena Bravo, ligada al Partido Republicano y hoy funcionaria en la Subdirección de Medio Ambiente, con un sueldo sobre los $3 millones. Aunque no se especifica el monto exacto que recibió y ha sido incluida entre quienes aprovecharon el sistema para inflar sus ingresos.
Una constante en estos casos es la militancia o cercanía con partidos de derecha —en particular RN y Republicanos— y la existencia de redes entre exfuncionarios de confianza del gobierno de Sebastián Piñera, muchos de los cuales encontraron un nuevo refugio en la Municipalidad de Santiago.
¿Protección o impunidad? El caso Romero
Mientras estos sobresueldos se acumulan, en enero de este año, el alcalde Mario Desbordes optó por no cobrar los $11,3 millones que debe el actual diputado republicano Agustín Romero, por horas extras irregulares cuando era jefe jurídico del municipio bajo Felipe Alessandri.
La Contraloría General de la República objetó esos pagos en 2021, pero en marzo de este año la Municipalidad de Santiago —ya bajo Desbordes— firmó con Romero un acuerdo judicial para suspender el cobro, el que fue validado por la Corte de Apelaciones.
La gestión municipal indicó que retomaría el procedimiento en marzo, pero no hay registro público de que eso haya ocurrido efectivamente. Reforzando con esto, además, la idea de trato desigual y uso discrecional de fondos municipales.
De la administración eficiente al clientelismo
La administración de Desbordes prometió orden y transparencia. Pero los primeros meses han demostrado otra cosa: reparto de cargos, sobresueldos disfrazados de horas extra, favores judiciales a aliados políticos y una red de operadores insertos en cargos estratégicos sin fiscalización ciudadana ni rendición de cuentas.
Patrones relevantes
1. Alto volumen de horas extra mensuales:
- La mayoría de los funcionarios registran entre 70 y 89 horas extras sólo en un mes. Esto equivale a casi 2 semanas laborales completas extra (considerando una jornada de 44 horas semanales), lo que resulta inverosímil en términos de disponibilidad y legalidad.
2. Sobrecarga recurrente en Dirección de Seguridad y DIDECO
De los 21 nombres, 7 de ellos pertenecen a Dirección de Seguridad o DIDECO, concentrando más del 30% del gasto total en horas extras, lo que podría indicar una práctica sistemática en esas unidades para aumentar ingresos por esta vía.
3. Pagos de horas extra cercanos o superiores al 15% del sueldo mensual:
Por ejemplo:
- Eleonora Espinoza (DIDECO): $1.240.296 en extras = 15,7% de su sueldo.
- Arturo Urbina (Seguridad): $1.219.247 en extras = 18,9% de su sueldo.
- Claudio Pontillo (Administrador Municipal): $1.121.291 = 17,2% de su sueldo.
Lo que sugeriría el uso intensivo de horas extra como complemento salarial, lo que va contra el espíritu de esta asignación (emergencia u horas extraordinarias reales).
Otros patrones observados
Altos cargos, altas horas extras: Autoridades como la directora de Dideco (Espinoza) y directores de Seguridad, Comunicaciones o Gabinete acumulan entre 80 y 89 horas extras en un sólo mes, superando el límite razonable para funciones principalmente administrativas.
Horas extras similares, sueldos distintos: Funcionarios con cargas horarias extras casi idénticas (80–85 horas) tienen diferencias de hasta $1.5 millones en el sueldo base, sin una justificación técnica evidente.
Horas extras elevadas en fines de semana/festivos: Muchos cargos presentan gran parte de sus horas extras en fines de semana y festivos, lo que duplica el valor pagado, siendo un foco de posible abuso o simulación.
Desproporción en rangos medios: Varios profesionales grado 7 y 8 acumulan horas extras que representan más del 20% de su sueldo mensual, lo cual debiese ser excepcional, no sistemático.
Lo expuesto deja en evidencia un patrón que, más allá de las explicaciones formales, interpela directamente a la ciudadanía: ¿hasta cuándo la gestión pública seguirá operando en los márgenes de la transparencia? La Municipalidad de Santiago tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de responder no sólo con palabras, sino con hechos. Porque en una democracia sana, rendir cuentas no es un acto de cortesía, sino un deber ineludible.
