Por Claudia Molina B| Factos Reportajes
Esta es la segunda entrega informativa del informe completo realizado por la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles (SEC), que revela condiciones críticas en las instalaciones del Hospital Clínico San Borja Arriarán. A las deficiencias eléctricas ya reportadas, se suma ahora un nuevo hallazgo de extrema gravedad: calderas y generadores alimentados por combustibles líquidos que no están declarados ni regulados, lo que configura un riesgo de explosión en el corazón de un recinto asistencial de alta complejidad.
Responsabilidad institucional
El 30 de abril de 2025, fiscalizadores de la SEC inspeccionaron las instalaciones de combustibles líquidos del hospital ubicado en Avenida Santa Rosa 1234. El resultado fue categórico: las instalaciones que abastecen calderas y generadores eléctricos no están regularizadas, contraviniendo el Decreto Supremo N°160 del 2008, que regula el almacenamiento y operación de combustibles líquidos en Chile.
Ni con el incendio que afectó parte del hospital el 30 de enero de 2021, Wilhelm hizo algo para mejorar las condiciones del hospital. Es más, al momento del siniestro él se encontraba como director del HCSBA y el 28 de mayo fue nombrado director del SSMC, es decir, una autoridad que debió preservar la situación de riesgo de uno de los hospitales que componen la red del mismo servicio de salud. Sin embargo, sí se preocupó de completar el recinto hospitalario con conteiner, adjudicados por trato directo, en su mayoría. y otros por licitación, claro que no todos fueron compra, sino que arriendo. Pero, el nuevo informe de la SEC vuelve a encender las alarmas. La instalación de combustibles líquidos en el sector de calderas —compuesta por un tanque de 20.000 litros y sus líneas asociadas— no está declarada ni cuenta con ningún tipo de respaldo técnico ni legal. Lo mismo ocurre con los dos tanques ubicados en un segundo subterráneo, que abastecen a los generadores eléctricos. Ambos se encuentran fuera de norma y sin autorización alguna para funcionar.
Instrucción urgente por riesgo inminente
La jefa del Departamento Técnico de Inspección de Combustibles de la SEC instruyó formalmente al Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), entidad a cargo del recinto, a corregir todos los defectos de diseño y construcción detectados, y a acreditarlo por escrito en un plazo de 15 días hábiles. El documento, fechado el 14 de mayo de 2025, advierte que las condiciones actuales representan un riesgo inminente para las personas y las cosas, e infringen múltiples artículos de la Ley N°18.410 y del reglamento vigente.
No es la primera vez que la SEC instruye regularizar estas instalaciones. Ya existía un oficio previo, que fue ignorado por las autoridades responsables. El nuevo informe reitera que, en caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones y se ejercerán las acciones legales correspondientes.
Una bomba de tiempo
El artículo 91° del DS 160/2008 establece que, si se instalan tanques de combustibles líquidos al interior de un edificio, debe presentarse un proyecto basado en la norma internacional NFPA 30. Nada de eso se ha hecho en el Hospital San Borja. Tampoco existen medidas de mitigación, control de fugas o protocolos ante emergencias. Es, en términos simples, una bomba de tiempo instalada dentro de un hospital.
Además del riesgo de incendio o explosión, estas fallas comprometen gravemente la seguridad energética del recinto. Una falla en las calderas o generadores durante una operación quirúrgica o una emergencia podría tener consecuencias fatales.
Operación “Salvar a Wilhelm”
Pero mientras la SEC detecta instalaciones clandestinas y los trabajadores denuncian precarización, un sector de activistas hospitalarios ha decidido cambiar el foco con creatividad política digna de premio. La consigna que han comenzado a agitar es “Reconstrucción del CDT”, como si el incendio de 2021 fuera ahora una nota al pie y no un episodio central de abandono institucional. Que el Informe de la SEC, las demandas del personal de salud y el riesgo de explosión queden en segundo plano parece ser parte del nuevo relato salvador. Coordinando esta cruzada, aparecen la Dra. Mónica Campos, la Dra. Ana María Quiroga, ambas bajo el alero del Capítulo Médico del HCSB, junto al dirigente de Fenats, Ariel Herrera, especialista en acuerdos gremiales de utilería marca ACME. Una producción impecable, según ellos, para desviar la atención y blanquear la gestión del director Jorge Wilhelm justo cuando los cuestionamientos arrecian, pero, la convocatoria acarreó menos gente que velorio de ermitaño.
¿Y las autoridades?
La gravedad de lo expuesto no permite más dilaciones, ni excusas burocráticas ni evasivas comunicacionales. Este no es solo un problema administrativo: se trata de la vida de pacientes, personal médico y trabajadores que día a día transitan por un recinto que alberga instalaciones clandestinas de combustibles, sin regulación, sin control y con riesgo cierto de explosión.
Frente a este escenario alarmante, la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Ximena Morlans, no puede seguir guardando silencio. Tampoco puede hacerlo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ni el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, quienes conocen perfectamente los estándares que debe cumplir un recinto asistencial y cuentan con las facultades —y la obligación— de actuar de forma inmediata.
Del mismo modo, el director del Hospital San Borja Arriarán, Jorge Wilhelm, debe dar explicaciones públicas sobre por qué no se ha regularizado esta situación, a pesar de las instrucciones previas de la SEC. Su gestión está en entredicho y el país necesita saber si se tomarán las medidas necesarias antes de que estemos lamentando una tragedia de proporciones.
El silencio ya no es una opción. Las autoridades deben pronunciarse. Ahora.
