La Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un falló el pasado viernes que ha generado repercusiones notables en el ámbito legal chileno. La resolución, de 47 páginas, declaró ilegal una interceptación telefónica solicitada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en contra de Josefina Huneeus, exesposa del director de ProCultura, Alberto Larraín. Este veredicto remarcó la falta de fundamentos suficientes para justificar dicha intercepción.
La Corte no solo censuró al Ministerio Público, sino que también dirigió críticas a la magistrada Sissi Bertoglio-Talap, quien autorizó la solicitud de interceptación pese a la falta de evidencias contundentes. La resolución subrayó que esta decisión permitió seria vulneración de derechos, argumentando que la jueza debió haber advertido sobre la ilegalidad del procedimiento.
Sissi Bertoglio-Talap, con una extensa trayectoria en el Poder Judicial de Antofagasta, enfrenta críticas debido a la autorización de una medida intrusiva que involucró comunicaciones privadas de figuras relevantes como el Presidente Gabriel Boric. Cabe destacar que la magistrada también rechazó una solicitud similar para investigar al mandatario el año siguiente, en una decisión que fue confirmada a través de una apelación.
A pesar de la relevancia de este fallo, la Corte no instauró procedimientos administrativos contra la magistrada. Su implicación en controversias previas, como su participación en casos de corrupción y otras autorizaciones anteriores de la Fiscalía, la han mantenido en el ojo crítico.
Por su parte, Mariela Hernández, presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, se abstuvo de comentar sobre el caso en proceso, aunque afirmó que las decisiones judiciales se basan en evidencia presentada por el Ministerio Público.
El caso ProCultura evidencia desafíos complejos en la judicatura chilena sobre la intersección entre privacidad e investigación criminal.
