Por Claudia Molina B. | Factos Reportajes
El Hospital San José, principal centro asistencial de la zona norte de Santiago y uno de los más colapsados del país, enfrenta un nuevo escándalo. Esta vez, no sólo se trata de la mala gestión contable, la rotación insostenible de directores o las pugnas internas entre funcionarios. A ello se suma un problema estructural y profundamente enquistado: el uso abusivo y prolongado de licencias médicas por parte de cientos de funcionarios, con consecuencias millonarias para el erario público y un daño directo a la atención de pacientes. También la anulación de descuentos que el director (s) del hospital se auto eliminó.
Una bomba sanitaria en el norte de Santiago
El senador Juan Luis Castro llegó hasta la Contraloría General de la República (CGR) con un requerimiento bajo el brazo: solicitó una investigación especial al Hospital San José por ausencias laborales prolongadas y reiteradas de funcionarios durante los últimos años. Lo que descubrió no es solo un síntoma de descontrol, sino un reflejo del caos que impera en el recinto desde hace décadas.
La información recopilada por la CGR y complementada por la investigación del programa Informe Especial muestra que entre 2017 y mayo de 2024, 670 funcionarios del Hospital San José presentaron licencias médicas extendidas, en algunos casos por hasta seis años consecutivos. Un 52% de ellos estuvo fuera de funciones más de 180 días en un lapso de 24 meses, superando ampliamente lo que permite la normativa. Cuatro de estos trabajadores acumularon más de 2.000 días de ausencia, es decir, casi el 74% del tiempo analizado. ¿El resultado? $7.400 millones gastados en sueldos de funcionarios que no estaban trabajando y, de ese total, $1.500 millones fueron para licencias médicas finalmente rechazadas.
“Corazón de abuelita” y perdonazos impunes
El director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante, ha reconocido públicamente la existencia de estos casos. Incluso, admitió que algunos funcionarios se ausentaron —de manera intermitente— durante doce años. Sin embargo, las sanciones han sido casi inexistentes. “Duele mucho despedir a una persona que ha llevado mucho tiempo trabajando contigo”, declaró, justificando lo que en otras instituciones sería causal de sumario administrativo o desvinculación.
La lógica del “perdonazo” impera: la mayoría simplemente presentó excusas y fue reintegrada a sus funciones con la promesa de no repetir la conducta. Según cifras oficiales del propio SSMN, al menos el 12% del personal del hospital se vio involucrado en este tipo de ausencias. Sin embargo, también existe otro caso de ausentismo y que, nuevamente, Infante hace vista gorda.
Director (s) Aldo Yáñez y su ‘pepito paga doble’
En el contexto de una administración marcada por irregularidades y cuestionamientos, el actual director (s) del Hospital San José, Aldo Alejandro Yáñez Vera, enfrenta una denuncia penal por hechos que podrían constituir los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, entre otras infracciones. Según la acción judicial, a la que tuvo acceso exclusivo Factos, entre febrero y abril de 2025, Yáñez incurrió en reiteradas ausencias injustificadas a su jornada laboral, las que motivaron resoluciones administrativas para descontar las remuneraciones correspondientes. Sin embargo, el 15 de mayo, actuando como máxima autoridad del hospital, anuló dichas resoluciones mediante un acto administrativo dictado por él mismo, dejando sin efecto los descuentos y beneficiándose directamente, sin sumario previo ni revisión jurídica externa.
Este acto, calificado como una autoasignación de beneficios económicos indebidos, se considera viciado por conflicto de interés y violatorio de normas de probidad administrativa, lo que motivó también una denuncia ante la Contraloría General de la República. La querella fue presentada ante el Ministerio Público con solicitud de acumulación a la causa RUC N° 2410035128-1, actualmente en curso contra el mismo funcionario, quien habría utilizado su cargo para apropiarse de recursos fiscales sin justificación laboral alguna, infringiendo además el deber de velar por el correcto uso de los recursos públicos.
Fonasa, contratos renovables y una lógica perversa
El 95% de los funcionarios con licencias extendidas se encuentra bajo la modalidad de contrata, con contratos que se renuevan anualmente. La mayoría son auxiliares y técnicos, aunque también hay profesionales y administrativos involucrados.
Pese a estar en licencia médica, los trabajadores siguen recibiendo sus sueldos completos, en especial si son cotizantes de Fonasa, que representa al 76% de los casos en el San José. Esto ocurre porque los fondos que Fonasa destina a pagar las licencias provienen del mismo presupuesto anual que transfiere a los hospitales para su funcionamiento, lo que diluye cualquier control directo sobre los pagos y perpetúa la ausencia de rendición de cuentas.
Un problema nacional, un foco grave en el San José
La Contraloría detectó a nivel nacional que entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras tenían licencia médica. Se emitieron 35.585 permisos en ese grupo, y durante ese tiempo se registraron 59.575 entradas y salidas internacionales, según datos de la PDI. La Región Metropolitana lidera el ranking con 26.032 de esos movimientos.
Aunque 13 entidades concentran el 25% de las licencias médicas emitidas —entre ellas JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica—, el caso del Hospital San José ha generado mayor conmoción por el volumen de licencias extendidas, el monto de los gastos involucrados y la inacción sostenida de sus directivos.
Costos invisibles: pacientes postergados y funcionarios sobrecargados
Más allá del perjuicio económico, el colapso administrativo ha repercutido directamente en los usuarios del sistema público. El Hospital San José atiende a más de un millón de personas, y la ausencia prolongada de cientos de funcionarios ha generado sobrecarga en los equipos activos, largas listas de espera, retrasos en cirugías y atención ambulatoria, así como un desgaste emocional y físico en quienes sí cumplen su labor.
Un hospital sin rumbo y una guerra interna sin tregua
La situación crítica del hospital no es nueva. Desde 1999, ha tenido más de 25 directores, con una alta rotación que impide cualquier continuidad administrativa o estratégica. Actualmente, el recinto está envuelto en una guerra interna desatada por el mismo director del Servicio, Antonio “Tono” Infante, lo que ha provocado entorpecer las propias decisiones que son clave, el retraso en las mejoras y la profundización de la desconfianza institucional.
En junio de 2024, un informe de Contraloría ya había advertido sobre faltas graves en la gestión contable del hospital. A eso se suman denuncias de mal clima laboral, nombramientos cuestionables y una creciente sensación de abandono.
Una señal de alerta que no se puede ignorar
El caso del Hospital San José no es un hecho aislado, pero sí representa uno de los focos más alarmantes de descomposición del sistema público de salud. Mientras se siguen destinando recursos a sueldos de funcionarios ausentes —muchos de los cuales viajaron durante sus periodos de reposo—, los pacientes siguen esperando atención digna. La inercia institucional, los vínculos de protección y la lógica del “corazón de abuelita” sólo perpetúan un modelo ineficiente y costoso que, sin sanciones ni reformas profundas, continuará devorando al sistema desde adentro.
“El abuso de licencias médicas no es sólo un problema administrativo: es una forma de corrupción blanda que se normaliza cuando el control se diluye y la voluntad política se ausenta”, señala un alto funcionario del Ministerio de Salud, bajo reserva.
La Contraloría ya tiene el foco puesto. Ahora, le corresponde al Estado demostrar si está dispuesto a enfrentar la enfermedad más peligrosa del sistema: la impunidad.
