Un escándalo destapado por la Contraloría General de la República ha puesto en la mira a una gran cantidad de funcionarios públicos chilenos que han hecho un uso cuestionable de las licencias médicas. Según los recientes informes, se detectó que alrededor de 25,000 empleados del sector público abandonaron el país durante el período de licencia médica entre 2023 y 2024, lo que podría implicar un uso irregular de 35,585 permisos.
Entre los casos más alarmantes, se destaca la historia de un trabajador de la salud que se autoconcedió una licencia y se fue de viaje durante su reposo. Las irregularidades no solo se limitan a casos aislados, ya que 13 entidades se encuentran en el ojo del huracán por tener la mayor cantidad de licencias incumplidas. A la cabeza de esta preocupante lista se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra.
Este tipo de situaciones no solo echan por tierra la confianza en el sistema de salud pública, sino que también despiertan interrogantes sobre la efectividad de los controles que debería ejercer el gobierno. Favoritismos, corrupción y una mala gestión administrativa parecen ser el telón de fondo de un triste espectáculo que debería hacernos reflexionar sobre el uso que se da a los recursos públicos.
