Por Claudia Molina B.
Este viernes, el Hospital San José amaneció con lienzos y carteles en su frontis. Trabajadores de distintas unidades salieron a manifestarse, agotados tras meses —y en algunos casos, años— de espera por soluciones que no llegan. Denuncian condiciones laborales deterioradas, precarización del trabajo asistencial y una jefatura institucional que responde con desdén o silencio.
El malestar se dirigió con fuerza hacia el actual director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante Barros, a quien acusan de blindar a directivos cuestionados, en particular a Aldo Yáñez Vera, actual director del Hospital San José.
Según testigos, Infante reaccionó con molestia e indignación al ver los carteles colgados en el frontis del hospital, evidenciando más preocupación por la imagen pública de la institución que por el fondo del conflicto: el agotamiento estructural y emocional de los equipos.
Querella penal contra Aldo Yáñez Vera
El conflicto se agudizó en abril, cuando se dio a conocer una querella penal contra Aldo Yáñez Vera, presentada ante la Fiscalía Centro Norte y contra todos quienes resulten responsables, incluyendo a Infante. La acción judicial fue impulsada por una funcionaria del propio sistema de salud, quien denunció hechos constitutivos de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades administrativas.
La querella expone decisiones adoptadas por Yáñez durante sus funciones anteriores, que habrían favorecido a empresas privadas mediante contrataciones irregulares, en desmedro de recursos públicos. El documento judicial identifica a testigos directos, víctimas laborales y funcionarios perjudicados por su gestión, aportando evidencia clave para la investigación.
Jorge Ramírez y Dr. Salgado: profesionales perseguidos
Dos casos emblemáticos del estilo autoritario y persecutorio de Infante y Yáñez son los del doctor Jorge Ramírez, ex director y del Marcelo Olivares, ex director subrogante. Ambos fueron removidos de sus cargos sin fundamentos técnicos ni sumarios previos, a pesar de contar con respaldo clínico, trayectoria y pronunciamiento de la CGR bajo la ley de testigo protegido.
En el caso del Dr. Ramírez, su salida provocó incertidumbre en nosocomio debido a que la decisión de su remoción fue percibida como un castigo por disentir de decisiones administrativas impuestas desde la dirección.
El Dr. Olivares, por su parte, fue desplazado en medio de un proceso en el que intentó implementar mejoras en la trazabilidad y calidad de atención, generando tensiones con la dirección por exigir mayores estándares técnicos. Además, porque Infante lo desafió y amenazó su continuidad laboral y el desarrollo de su carrera médica y administrativa si no vetaba a la Dra. y fiscal que debía informar de los 17 puntos que requirió la CGR para resolver el estado administrativo y contable del recinto hospitalario. Olivares se negó a la “solicitud” de Infante y su salida dejó una señal clara: en este hospital, quienes incomodan al poder son marginados.
Antonio Infante Barros: responsable político
Pese a estos antecedentes, Antonio Infante Barros —actual director del SSMN— nombró a Yáñez como director del Hospital San José mediante resolución exenta, sin pasar por concurso ni evaluación técnica. Este acto fue interpretado como una forma de proteger a un funcionario con vínculos políticos y administrativos dentro del servicio, perpetuando un modelo de impunidad interna.
Funcionarios del hospital afirman que Infante ha ignorado reiteradamente las denuncias internas sobre el trato autoritario, discriminatorio y abusivo de parte de Yáñez hacia subalternos, afectando de forma directa a trabajadoras mujeres y equipos clínicos completos.
“Ya no confiamos en que el servicio actúe con justicia ni transparencia. Lo único que vemos es impunidad para quienes están arriba, y maltrato o indiferencia para quienes trabajamos todos los días con pacientes”, señala una funcionaria que ha sido testigo de episodios de acoso y hostigamiento laboral bajo la gestión actual.
La movilización como respuesta a la impunidad
La protesta de este hoy es la respuesta directa de los trabajadores ante la falta de medidas concretas para frenar las malas prácticas en la gestión del hospital y del SSMN. Los carteles que cubrieron el frontis expresaban el hastío colectivo y apuntan directamente a los responsables: Antonio Infante y Aldo Yáñez.
“Se blindan entre ellos. Pero ya no vamos a callar”, dice una profesional que participó de la protesta. El temor a represalias ha impedido que muchas de las víctimas de maltrato laboral denuncien formalmente, pero con el respaldo de nuevas querellas y testimonios, el cerco comienza a estrecharse.
Exigen intervención del Minsal
Los funcionarios llaman al Ministerio de Salud a intervenir de forma urgente y efectiva, para detener el deterioro institucional que afecta al Hospital San José. Exigen:
- Auditoría externa al proceso de nombramiento de Yáñez
- Investigación administrativa independiente
- Medidas de reparación a las víctimas de maltrato y hostigamiento
- La salida inmediata de Infante Barros y Aldo Yáñez
“El hospital no puede seguir siendo rehén de decisiones arbitrarias ni de redes de protección interna. Hay gente sufriendo y pacientes en riesgo. El Minsal tiene que actuar ahora”, concluye una dirigenta gremial.
Un cierre necesario: renuncias ineludibles
A estas alturas, la única salida digna y responsable para frenar el daño institucional y humano en el Hospital San José y en el Servicio de Salud Metropolitano Norte es la renuncia inmediata de Antonio Infante Barros. Su rol como director del SSMN ha estado marcado por omisiones, negligencia y un respaldo explícito a prácticas abusivas, lo que lo inhabilita éticamente para continuar al mando.
Junto a él debe irse Aldo Yáñez Vera, cuya permanencia como director del hospital sólo profundiza el conflicto, el malestar de los equipos clínicos y la desconfianza generalizada. Si tienen un mínimo de pudor y decencia, deben presentar sus renuncias sin más dilación.
Pero la responsabilidad no se agota allí. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha tenido a la vista todos los antecedentes: las denuncias, las querellas, los reportajes de prensa y los testimonios de las propias funcionarias. No puede seguir actuando como si no supiera.
Por eso, se exige a la ministra que inicie de inmediato el proceso de destitución de Infante Barros y de Yáñez Vera. Esta situación ya no requiere voluntad política, sino criterio. Un criterio que, hasta ahora, ha estado ausente o subordinado al cálculo burocrático y la inercia institucional.
El Hospital San José no resiste más. Y sus trabajadores tampoco.
