En una sesión extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano, el gobernador Claudio Orrego enfrentó cuestionamientos sobre la entrega de fondos a la organización ProCultura, destinados a la prevención de suicidios. La controversia se intensificó con la presentación de una querella por parte de Chile Vamos, alegando un posible fraude al Fisco.
Orrego aclaró que no se perdieron los 1.600 millones que se mencionan en críticas, destacando que se ejecutaron adecuadamente los recursos, aunque reconoce la existencia de desvíos de fondos regionales. Subrayó que hay inconsistencias en las rendiciones de cuentas entregadas por Larraín y Prado, dos personas inicialmente señaladas sin haber sido contratadas por su administración.
La situación ha generado un intenso debate en torno a la transparencia y el uso de fondos públicos, con el foco puesto en garantizar que los recursos destinados a causas tan sensibles como la salud mental sean manejados de manera adecuada y dentro de los marcos legales establecidos.
Este escenario ilumina la urgencia de reforzar los mecanismos de supervisión y control en la administración pública, mientras se persigue esclarecer completamente los hechos y asignar responsabilidades donde corresponda.
