En un reciente desarrollo dentro del caso vinculado a la Fundación ProCultura, el exgobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, ha declarado como imputado. Este caso ha captado la atención debido a las concesiones otorgadas por el gobierno regional, con más de 500 millones adjudicados bajo un convenio que se gestionó de manera expedita.
Durante su declaración, Díaz reveló que Alberto Larraín Salas, asociado a la fundación, ejerció presiones significativas en busca de un puesto dentro del gobierno que lidera el Presidente Boric. Además, según Díaz, Larraín hizo múltiples solicitudes de dinero que, al parecer, fueron constantes durante el tiempo de colaboración.
A lo largo del convenio, se presentaron alertas debido a la baja ejecución presupuestaria, lo que llevó a su terminación prematura. Díaz detalló que, a pesar de las gestiones realizadas, la fundación ProCultura presentó una escasa rendición de fondos. Cuando se les pidió explicaciones sobre la gestión de los recursos, las respuestas nunca llegaron.
Este caso destapa las preocupaciones sobre el manejo de fondos públicos y la influencia que ciertos actores pueden ejercer sobre decisiones gubernamentales. La discusión ahora se centra en entender las implicaciones de estas acciones y el impacto en la administración regional.
