Por Claudia Molina B. | Factos
La Contraloría General de la República (CGR) fue clara: el funcionario Juan José Medrano debía ser reincorporado a sus funciones en el Hospital San José. Sin embargo, el pasado lunes, cuando Medrano se presentó en su lugar de trabajo, fue abordado por el director subrogante del recinto, Aldo Yáñez Vera, quien —desafiando abiertamente la resolución del órgano contralor— le indicó que no era bienvenido, que estaba despedido y que no tenía nada que hacer ahí.
Este nuevo acto de hostigamiento y vulneración de derechos no es aislado ni accidental. Se suma a una larga cadena de irregularidades administrativas y persecución laboral en el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), encabezado por el director Antonio Infante Barros, quien designó mediante Resolución Exenta a Yáñez Vera como máxima autoridad del hospital. Ambos funcionarios operan, según diversas denuncias y reportajes publicados por Factos, al margen del principio de legalidad que debe regir a toda autoridad pública.
La negativa a acatar la instrucción de la Contraloría no solo constituye un acto de desacato, sino una infracción directa al Artículo 90 del Estatuto Administrativo, que establece que “las resoluciones de reincorporación de funcionarios deben cumplirse de manera inmediata por parte de las jefaturas involucradas”. La inobservancia de esta norma puede acarrear consecuencias disciplinarias graves, que incluyen la apertura de sumarios administrativos, sanciones e incluso la destitución de los responsables.
A pesar de que la CGR emitió su instrucción hace semanas, ni el director del SSMN, Antonio Infante, ni el subrogante del hospital, Aldo Yáñez, han dado cumplimiento al mandato. Por el contrario, han escalado la presión sobre Medrano, vulnerando abiertamente los principios de probidad, legalidad y debido proceso.
Este caso no solo expone el abuso de poder contra un funcionario que busca ejercer su derecho a la reincorporación. También revela un cuadro más amplio de autoritarismo institucional, blindaje político y descomposición administrativa al interior del sistema público de salud. Yáñez, como ya ha sido documentado por este medio, no solo es protegido de Infante, sino que también ha enfrentado denuncias por hostigamiento laboral en otros establecimientos, lo que agrava su perfil como autoridad cuestionada.
La inercia del Ministerio de Salud frente a estos hechos es escandalosa. Ni la ministra Ximena Aguilera ni el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, han intervenido para fiscalizar o corregir esta situación. Tampoco han instruido medidas para asegurar el cumplimiento de la orden emanada por la Contraloría, lo que convierte su silencio en complicidad institucional.
Mientras tanto, el Hospital San José y el Servicio de Salud Metropolitano Norte siguen siendo dirigidos fuera de todo marco legal, con autoridades que desobedecen instrucciones de los órganos fiscalizadores y amedrentan a los funcionarios que exigen sus derechos. Juan José Medrano no es sólo un caso: es el síntoma de una red de poder que opera sin freno, sin fiscalización efectiva, y con total impunidad.
¿Hasta cuándo se permitirá este nivel de impunidad en el sistema de salud pública? ¿Qué espera el Minsal para intervenir?
La reincorporación inmediata de Medrano no sólo es un imperativo legal, sino también ético. Su expulsión arbitraria, a pesar de la orden de la CGR, configura una señal alarmante: en algunos hospitales públicos de Chile, hoy la ley no rige.
