El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha enfrentado recientemente dos rechazos significativos en su intento por intervenir el teléfono del presidente chileno, Gabriel Boric. Este esfuerzo se enmarca dentro de una investigación sobre presuntos traspasos millonarios de fondos públicos a la fundación Procultura, vinculada al mandatario. A pesar de la conexión personal entre Boric y el exdirector de la fundación, Alberto Larraín, la justicia desestimó las peticiones por falta de evidencia concreta.
Cooper fundamentó su solicitud en una conversación interceptada que alude al supuesto financiamiento de la campaña presidencial de Boric por Larraín. No obstante, los tribunales en Antofagasta, destacaron la ausencia de pruebas financieras que corroboren tales afirmaciones. Con esto, se confirmó que la relación amistosa entre Boric y Larraín, así como la intervención de la excompañera de Boric, Irina Karamanos, en la fundación, no constituyen bases suficientes para intervenir comunicaciones.
Adicionalmente, la expareja de Larraín, Josefina Huneeus, cuyo teléfono fue interceptado como parte de la pesquisa, ha denunciado espionaje, argumentando la ilegalidad de esta medida. En su defensa, Huneeus ha solicitado la anulación de las resoluciones judiciales que permitieron dichas escuchas, aduciendo la naturaleza invasiva e irregular de la misma.
En contraste, las investigaciones sobre aportes a otros candidatos sí cuentan con documentaciones sólidas. Las indagaciones señalan transacciones financieras a Sebastián Balbontín y Elizabeth Aguilera, quienes participaron en elecciones locales bajo las banderas de colectivos políticos de izquierda.
