El 25 de abril pasado, Factos informó de las irregularidades con las que la empresa española, Altia, participó en el proceso de licitación para el servicio de la “Bolsa de Trabajo Nacional” ofertado por la Subsecretaría del Trabajo de nuestro país bit.ly/3H3CNLp y, aunque lo publicado en la oportunidad era información contundente, los otros medios se callaron, hoy, sólo hoy aparecen publicaciones relacionadas con este tema, cuando la turbulencia rodea más intensamente a la empresa española.
Debido a la mencionada denuncia es que el Tribunal de Contratación Pública (TCP) le ha llamado la atención, pues y a pesar de que Altia había sido sancionada previamente en España por participar en prácticas de colusión que involucraron la manipulación de licitaciones públicas, denominándola por la prensa española como parte de un “Cartel de las licitaciones”, igualmente, Altia logró asegurar un jugoso contrato en nuestro país.
Un pequeño ayuda memoria
En marzo, Altia fue favorecida con un contrato de más de $6.700 millones para gestionar la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) en Chile. Sin embargo, este acuerdo se encuentra actualmente bajo escrutinio debido a una demanda que alega irregularidades en el proceso de licitación al que concurrió la firma española.
La demanda presentada ante el TCP cuestiona la experiencia que Altia exhibió durante el proceso de postulación. La alegación pone en duda la transparencia y equidad del proceso que llevó a la adjudicación de este significativo contrato, poniendo de manifiesto posibles deficiencias en el sistema de licitaciones públicas del país.
Esta situación ha generado vista pública sobre cómo se gestionan los contratos públicos en Chile, especialmente aquellos donde están involucradas empresas con antecedentes cuestionables en otros países. La revelación de tales incidentes enfatiza la necesidad de garantizar la integridad en los procesos administrativos para mantener la confianza en las instituciones.
El resultado de este caso puede tener implicaciones más amplias, no sólo para Altia sino para otras empresas extranjeras que operan o esperan operar en Chile. La comunidad observante aguarda el desenlace y posibles reformas en las contrataciones públicas.
