Por Claudia Molina B.
El colapso no era nuevo. Tras años de advertencias, escándalos financieros, denuncias por corrupción, maltrato laboral y vínculos políticos oscuros, el Ministerio de Salud decidió intervenir el Hospital San José. Sin embargo, la medida llega tarde, sin claridad de acciones, y dejando en sus cargos a figuras cuestionadas, incluyendo al actual director subrogante respaldado por el propio director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, hoy también denunciado.
Reacciones y Medidas Adoptadas
La decisión de intervenir el Hospital San José fue anunciada públicamente por el Ministerio de Salud, luego de una visita técnica y administrativa realizada por una delegación oficial. Según información publicada por Infogate, esta intervención busca hacer frente a los múltiples problemas que afectan al recinto: sobrecarga en urgencias, mal manejo financiero, falta de medicamentos e insumos básicos, y graves deficiencias en el trato a pacientes y trabajadores.
Lo que no menciona el comunicado oficial es que gran parte de estas crisis ya habían sido advertidas hace años por equipos internos del hospital, dirigentes gremiales y prensa independiente. De hecho, el mismo director del SSMN, Antonio Infante, se pronunció públicamente en julio de 2024 asegurando:
“Nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables del daño económico del hospital, porque no permitiremos que se aprovechen de la salud de las personas”.
Sin embargo, pocos meses después, el mismo Infante fue denunciado ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público por entorpecer una investigación clave que buscaba profundizar en los vínculos y responsabilidades en los actos ilícitos dentro del hospital. Uno de los nombres que más se repite en las denuncias —y que ha recibido un respaldo inusual de Infante— es el actual director (s) del Hospital San José, quien suma antecedentes graves por maltrato, irregularidades administrativas y protección desde redes internas del SSMN.
Denuncias ya conocidas: la documentación que se quiso invisibilizar
En investigaciones publicadas por el medio Factos, se detallaron diversos episodios de corrupción, acoso laboral, favoritismo político y falta de fiscalización efectiva en el Hospital San José. Entre ellos:
- El respaldo político y administrativo al actual director subrogante, pese a denuncias internas y antecedentes de maltrato laboral.
- La campaña de desprestigio y presión institucional orquestada desde el SSMN para debilitar al ex director titular, Jorge Ramírez, quien había intentado ordenar las finanzas y enfrentar las redes de poder enquistadas.
- La forma en que Antonio Infante evitó, bloqueó o diluyó sumarios, fiscalizaciones o querellas que habrían permitido esclarecer responsabilidades de funcionarios vinculados a contratos irregulares y compras sin control durante la pandemia.
Todos estos antecedentes estaban disponibles desde hace meses, e incluso años. Sin embargo, la reacción del Minsal sólo llega una vez que el escándalo ha escalado al nivel mediático y político que ya no se puede silenciar.
Intervención del Minsal y próximos pasos
La intervención fue comunicada por el Ministerio de Salud, pero es importante precisar que fue a través del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, quien habría encabezado la decisión tras constatar en terreno el nivel de deterioro del recinto hospitalario. El anuncio incluyó una auditoría administrativa y clínica, así como la designación de un equipo de intervención.
Lo que no se aclaró fue si se removerán a los responsables cuestionados, si se revisarán los contratos ejecutados durante el periodo de crisis, o si se abrirán sumarios efectivos contra quienes habrían favorecido redes clientelares y estructuras de poder al interior del hospital. Tampoco se entregó un cronograma claro, ni un plan para restablecer la confianza de los trabajadores y pacientes.
Un paso tardío e incompleto
La intervención del Hospital San José, si bien representa una medida necesaria, llega tras años de advertencias, denuncias y colapsos progresivos en un sistema que ya venía fracturado. Solo cuando los conflictos han escalado a niveles inauditos y se ha vuelto imposible seguir ocultando las irregularidades, el Ministerio de Salud decide actuar. Pero lo hace sin entregar claridad sobre las medidas concretas que se adoptarán, quiénes serán removidos, ni cómo se reparará el daño institucional, financiero y humano.
Este patrón no es aislado. Basta con mirar lo que ocurre en el Hospital El Carmen de Maipú y en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, que atraviesan una crisis de proporciones similares: malas gestiones, precariedad asistencial, sobrecarga del personal y denuncias administrativas que tampoco han sido enfrentadas con decisión por parte de las autoridades. La intervención en el San José parece más una respuesta reactiva al escándalo que un verdadero plan de recuperación estructural.
Si no se transforma esta intervención en una acción sostenida, transparente y con rendición de cuentas, será solo un parche más. Y los hospitales seguirán siendo trincheras para trabajadores desgastados, pacientes desatendidos y gestores protegidos por redes de poder que operan impunemente al interior del Estado.
