En una medida que refleja la gravedad de los recientes sucesos en el distrito peruano de Pataz, el Gobierno de Perú ha declarado un toque de queda tras el asesinato de 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa. Este trágico incidente ha llevado a la presidenta Dina Boluarte a tomar decisiones drásticas, incluyendo la instalación de una base militar en la zona afectada y la solicitud de facultades legislativas para abordar asuntos de terrorismo urbano.
La medida responde a la urgencia de garantizar la seguridad en la región tras lo ocurrido. El control militar se ha encargado de asegurar el área y se ha suspendido la actividad minera por un período de 30 días, con el objetivo de restaurar el orden y prevenir futuros incidentes.
La instalación de la base militar en Pataz representa un paso significativo en los esfuerzos gubernamentales por reforzar la seguridad y disuadir cualquier forma de violencia. A su vez, la solicitud de facultades legislativas dirigidas a combatir el terrorismo urbano sugiere la determinación del gobierno peruano de prevenir situaciones similares en el futuro.
Estos acontecimientos no solo han causado un impacto profundo en la comunidad local, sino que también han capturado la atención nacional e internacional, subrayando la necesidad de abordar los problemas de seguridad en las zonas mineras del país.
