El gobierno del presidente Javier Milei está promoviendo un controvertido proyecto de ley en Argentina que busca reducir la edad de imputabilidad penal a 14 años. Esta iniciativa persigue modificar el actual Régimen Penal Juvenil para establecer un sistema integral que aborde los delitos cometidos por adolescentes.
El debate legislativo se ha centrado en las comisiones, donde la propuesta ha enfrentado una férrea resistencia de sectores kirchneristas, de izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos. Estos grupos han manifestado su preocupación respecto a las implicaciones que esta medida podría tener para los derechos de los adolescentes.
La discusión se intensificó tras el trágico asesinato de una niña, acto perpetrado por adolescentes, que ha generado conmoción en la sociedad argentina y ha sido utilizado como argumento por quienes apoyan el proyecto para resaltar la necesidad de cambios en el sistema penal juvenil.
En el panorama de opiniones, la Iglesia Católica también ha mostrado su oposición al proyecto, uniendo su voz a las críticas sobre el tratamiento de los jóvenes en el sistema judicial. Este escenario ha incrementado el debate público sobre cómo abordar el crimen juvenil de manera efectiva sin vulnerar los derechos fundamentales de los menores.
