La estabilidad del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, se encuentra en duda tras la confirmación de la masacre de 13 mineros en Pataz. La tragedia ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde varios parlamentarios han solicitado su renuncia o censura, alegando que las declaraciones de Adrianzén minimizan los hechos.
La problemática escaló después de que Adrianzén negara el secuestro de los mineros, describiéndolo como una “falsa alarma”. Esta declaración fue vista como una desconexión con la realidad, lo que ha alimentado las críticas y la moción de censura que ya cuenta con el respaldo de 19 legisladores.
Sigrid Bazán, Susel Paredes y Jorge Montoya, entre otros parlamentarios, han expresado su descontento con la gestión del Primer Ministro y el Gobierno. Silvana Robles, de la Bancada Socialista, acusó al Ejecutivo de ignorar las verdaderas necesidades de la población, mientras que Susel Paredes lo describió como un “desastre”, sugiriendo que la masacre debería costarle el cargo.
La falta de respuestas concretas en materia de seguridad ha llevado a que muchos pidan una “crisis total”, lo que implicaría la renuncia de todo el gabinete de ministros. Tras el incidente, Adrianzén se ha limitado a utilizar las redes sociales para manifestarse con el hashtag “#LaMineríaIlegalAsesina”.
El caso de Pataz no solo deja en evidencia la fragilidad de las políticas de seguridad implementadas, sino también las tensiones internas en el gobierno que podrían derivar en una reestructuración del gabinete.
