Por Claudia Molina B.
Durante la jornada de ayer, viernes 2 de mayo, la Fenats Histórica del Hospital El Carmen de Maipú (HEC) envió una carta a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Ximena Morlans Huaquin, donde exponen con crudeza y claridad, en doce puntos, el grave estado de deterioro institucional del hospital a raíz de prácticas de acoso laboral, falta de respuestas a denuncias, pérdidas de medicamentos controlados, contrataciones cuestionadas y reiteradas faltas a la probidad administrativa.
Doce puntos que denuncian una crisis total
La carta –a la que tuvo acceso exclusivo Factos, no sólo busca poner en conocimiento la compleja situación del hospital, sino que emplaza directamente a las autoridades a tomar medidas concretas. En ella se detallan hechos tan graves como la pérdida sistemática de medicamentos controlados, el robo de un menor al interior del recinto, la existencia de jefaturas sin concursos públicos y un manto de silencio frente a múltiples denuncias por acoso laboral.
Fallecimiento bajo la Ley Karin: la trágica muerte del Dr. José Egüez
A comienzos del año 2025 se conoció el trágico fallecimiento del Dr. José Egüez, quien previamente había presentado una denuncia formal por acoso laboral amparada en la Ley Karin. Dicha denuncia, lejos de recibir la atención oportuna que exige el marco legal vigente, fue tramitada con un retraso injustificado y negligente, contraviniendo los principios de celeridad y resguardo que deben imperar en casos de esta naturaleza. Aún más grave resulta que, durante la tramitación del proceso investigativo, no se adoptaron medidas preventivas mínimas para garantizar el éxito de la investigación ni para resguardar la integridad psíquica, emocional y laboral del denunciante, dejando así expuesto al funcionario a continuar en un entorno adverso y sin protección efectiva.
Paradójicamente, sólo tras su fallecimiento –presuntamente por decisión propia-, según lo señalado por sus familiares y cercanos -quienes vinculan directamente su delicado estado emocional a las condiciones laborales que enfrentaba– se aceleró el proceso administrativo. A la fecha, persiste un preocupante silencio institucional, ya que no se ha informado si el expediente ha sido concluido ni si ha sido declarado de carácter público, lo que profundiza la sensación de impunidad y opacidad frente a un hecho de la más alta gravedad humana y administrativa.
Falta de respuestas, irregularidades y abandono institucional
La Fenats Histórica también denuncia la persistencia de jefaturas interinas por más de tres años, sin concursos públicos ni rendición de cuentas. Acusan además que, a pesar de contar con graves antecedentes de hostigamiento y acoso, se ha optado por la omisión, permitiendo que se mantenga en sus cargos a personas cuestionadas y con denuncias activas. La falta de protocolos efectivos, la nula respuesta a las denuncias y la completa impunidad con que se ha operado, configuran –según los denunciantes– un escenario de abandono institucional deliberado.
Contrataciones bajo sospecha: operadores políticos y vínculos de poder
Entre los puntos más delicados denunciados por los trabajadores, figura la contratación de personas sin los requisitos técnicos exigidos por ley y la asignación de cargos a operadores políticos vinculados a partidos de gobierno, sin transparencia ni concurso. Mencionan casos específicos, como la Jefatura de Mantenimiento y Servicios Generales, que estaría ocupada por un funcionario sin los requisitos del cargo y la contratación de empresas externas en procesos sin rendición de cuentas claras.
Contratación del abogado Alaín Fierro: refuerzo anunciado, resultados inexistentes
A pesar de contar con una dotación jurídica considerable, con recientes incorporaciones orientadas explícitamente a destrabar expedientes administrativos estancados, numerosos sumarios siguen sin ser instruidos ni tramitados, acumulando años de retraso. Esta situación representa una grave negligencia por parte de la administración.
Destaca particularmente el caso del abogado Alaín Fierro, contratado en grado 9 y proveniente del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP). Su incorporación fue anunciada como estratégica, con el objetivo de aportar eficiencia y celeridad a los procesos pendientes. No obstante, desde su ingreso, Fierro no ha tenido participación alguna como fiscal ni ha intervenido como redactor jurídico en los sumarios existentes. Su presencia en la estructura parece limitarse a una cercanía notoria con la directora subrogante, Dra. Patricia Mellado, sin resultados concretos en el área para la cual fue contratado.
Este hecho refuerza los cuestionamientos ya advertidos por este gremio, en cuanto a que dicha contratación no se habría basado en criterios técnicos ni en necesidades reales del servicio, sino más bien en vínculos personales con integrantes del equipo directivo.
La omisión continuada de deberes fundamentales en la tramitación de sumarios no sólo vulnera el derecho de los funcionarios —denunciantes y denunciados— a una resolución justa y oportuna, sino que compromete seriamente la responsabilidad de la Dirección, encabezada por la Dra. Mellado Reyes. La permanencia de una estructura jurídica pasiva e ineficaz expone al establecimiento a críticas fundadas y a cuestionamientos éticos respecto a designaciones motivadas por conveniencias personales.
Cuestionamientos y consecuencias de la designación del Dr. Ignacio Valverde como jefe del Servicio de Cirugía en medio de denuncias laborales no resueltas.
La reciente designación del Dr. Ignacio Valverde como jefe del Servicio de Cirugía ha generado una profunda preocupación, especialmente por la percepción generalizada de una estrecha relación personal con la directora (s) del hospital, Dra. Patricia Mellado Reyes, algo que se ha visto reflejado incluso en publicaciones en redes sociales. Esta asignación es cuestionable no sólo por razones de transparencia y probidad, sino también porque el Dr. Valverde enfrenta un total de seis denuncias activas bajo el protocolo VALS, interpuestas por diversos funcionarios del hospital. Tras presentar dichas denuncias, los denunciantes han sufrido represalias, como el traslado de sus unidades y algunos se encuentran en una lista para ser desvinculados, siendo reemplazados por nuevos funcionarios. Esta situación fue informada a la Dra. Mellado Reyes.
Lo que agrava aún más este panorama es el trato recibido por las denuncias, que, en lugar de ser atendidas con la urgencia que establece el Estatuto Administrativo y las normativas sobre acoso y violencia laboral, sufrieron demoras superiores a los 30 días. A pesar de que se solicitó celeridad en su tramitación, aún hoy ninguno de los expedientes ha sido cerrado, y los denunciantes han expresado su incertidumbre y desprotección, ya que ni siquiera han sido citados a declarar.
La decisión de nombrar a un funcionario con tal historial pendiente en un cargo de alta jerarquía, en un contexto marcado por denuncias no resueltas, vulnera los principios fundamentales de probidad, transparencia y resguardo, pero, además, deja en evidencia una gestión negligente y permisiva por parte de la Dirección del hospital, encabezada por la directora subrogante y la subdirectora médica (s) Dra. Ingrid Luengo. Ambas autoridades tenían pleno conocimiento de estos antecedentes, y aun así, aprobaron esta designación.
Prácticas irregulares en la gestión de listas de espera y manejo de recursos institucionales:
Además de los antecedentes previamente mencionados, se suma una práctica inaceptable que ha sido debidamente denunciada ante la Dirección: médicos que suspenden cirugías programadas durante el horario hábil para realizarlas posteriormente en horarios inhábiles bajo el pretexto de un “compromiso presidencial”. Esta maniobra no sólo constituye una grave falta ética, sino que también implica un uso indebido de los recursos institucionales, afectando directamente a los usuarios que esperan atención oportuna. Esta modalidad se ha replicado en procedimientos como endoscopías, ecocardiogramas y cistoscopías, perpetuando un patrón sistemático de manipulación de la agenda institucional en beneficio personal. A pesar de haber sido informada formalmente, la Dirección no ha tomado medidas al respecto, ignorando las solicitudes de este gremio y permitiendo que estas prácticas irregulares persistan.
Por otro lado, se ha tenido conocimiento de una grave irregularidad en el manejo de las listas de espera del área dental. La jefa del servicio, señora María Paola Espinoza, ha incurrido en prácticas que vulneran profundamente los principios de equidad y transparencia al asignar horas de atención a su conveniencia, favoreciendo a familiares para la realización de tratamientos completos. Además, se ha identificado el uso de horas previamente agendadas a nombre de terceros, que son utilizadas directamente por ella, manipulando el sistema de asignación. Estos hechos constituyen un serio abuso de su cargo y responsabilidad, lo que requiere una intervención inmediata para esclarecer responsabilidades y evitar que estas acciones continúen afectando a los pacientes que legítimamente esperan atención.
Deficiencias en la implementación del cambio estructural y riesgos para la salud: Climatización
La reciente implementación del cambio estructural ha estado marcada por graves deficiencias en su ejecución. Se ha evidenciado una planificación deficiente en los procesos, acompañada de una comunicación inadecuada hacia los funcionarios, lo que ha causado confusión y desorganización generalizada. Además, la asignación de oficinas preferenciales ha sido realizada con criterios claramente influenciados por intereses personales, lo que vulnera los principios de equidad dentro del equipo de trabajo.
Por otro lado, se ha observado una alarmante falta de resolución por parte de las unidades de IAAS y Calidad y Seguridad del Paciente, ya que múltiples irregularidades no fueron informadas ni abordadas adecuadamente. Un ejemplo crítico de esta situación es que en unidades compartidas, los pacientes en aislamiento eran separados únicamente por un biombo, sin cumplir con las condiciones mínimas requeridas para el control de infecciones. Este procedimiento incluye casos de pacientes con tuberculosis, lo que constituye un riesgo inaceptable tanto para la salud de los pacientes como de los funcionarios.
Sumado a lo anterior, otro motivo de profunda preocupación la reiterada inacción de la actual directora frente a situaciones que afectan directamente la dignidad, seguridad y bienestar de los funcionarios. A pesar de haber sido informada oportunamente, persiste la situación de trabajadores en contenedores inundados, sin acceso cercano a relojes de control y con baños en condiciones indignas, agravada por la inminente llegada del invierno, lo que además los mantiene alejados del casino institucional. En una reunión reciente, la directora incurrió en una práctica de carácter antisindical al afirmar que los gremios no le habían informado sobre estas condiciones, a pesar de que existen pruebas documentales mediante correos electrónicos solicitando medidas urgentes para abordar esta situación.
Por otro lado, se han registrado múltiples robos tanto en el interior del recinto como en el estacionamiento, sin que la Dirección haya tomado medidas para identificar a los responsables ni haya promovido gestiones mínimas para reforzar la seguridad. Esta desprotección generalizada se ve aún más agravada por las condiciones del casino institucional, donde incluso se han encontrado cuerpos extraños como muelas y otros objetos en la comida servida a los funcionarios. Hasta la fecha, no se ha implementado ninguna medida para investigar ni sancionar estos hechos, lo que refleja un preocupante abandono de las obligaciones básicas en cuanto a seguridad, higiene y condiciones laborales. La falta de acciones preventivas o de esclarecimiento de responsabilidades ante estos problemas demuestra una gestión pasiva, sin liderazgo y sin capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
La situación en el Servicio de Urgencias es igualmente alarmante, pues se ha evidenciado un grave mal funcionamiento en la atención a los pacientes. Bajo la dirección del jefe de urgencias, Dr. Matías Libuy, y la subdirectora subrogante, señora Ingrid Luengo, se han registrado múltiples casos de pacientes que han tenido que esperar atención en el exterior, exponiéndolos a condiciones extremas de vulnerabilidad. Además, debido a la ineficiencia en la atención, varios pacientes optaron por abandonar la espera después de interminables horas sin recibir atención. Sin embargo, en una práctica cuestionable, se les llamaba por teléfono a estos pacientes ya ausentes para ser evaluados, lo que agrava aún más la falta de organización e incumplimiento del compromiso con la atención oportuna y la dignidad de los usuarios. Esta práctica fue denunciada oportunamente por este gremio, pero hasta el momento no ha sido abordada ni corregida por las autoridades correspondientes.
Silencio desde el Servicio de Salud
Pese a la gravedad de los hechos expuestos y que, de alguna u otra manera las autoridades han tenido conocimiento de ello, no han recibido nunca una respuesta o cambios relevantes. La sensación entre los trabajadores es de completa desprotección, mientras las autoridades optan por el silencio frente a las denuncias reiteradas y los antecedentes administrativos que podrían configurar faltas graves a la probidad.
Grave afectación a la atención de los pacientes
La administración del Hospital El Carmen ha sido seriamente cuestionada debido a la mala gestión del personal clínico, en particular en lo que respecta a la Ley 19.664, que regula el desarrollo y perfeccionamiento de los profesionales de la salud. Si bien es importante y necesario que los médicos, como los urólogos, destaca el gremio, se perfeccionen y asistan a congresos para su actualización y continúen con su formación profesional, la situación ha derivado en una consecuencia gravísima: el abandono temporal de sus funciones, lo que ha provocado una falta de cobertura médica adecuada para los pacientes.
Este período crítico sin personal suficiente ha tenido un impacto directo en la atención oportuna de los pacientes, privándolos de la atención médica que requieren en el tiempo adecuado, lo cual afecta directamente tanto la calidad del servicio como la seguridad del paciente. Sin embargo, esta situación afecta a diversas especialidades médicas, por lo que los pacientes quedan sin cobertura agravando aún más la deficiencia en la atención y resalta la ineficiencia en la gestión de recursos humanos dentro de la institución.
Este tipo de prácticas son absolutamente inaceptables en el contexto de una institución de salud pública, donde la prioridad debe ser siempre brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes. La falta de previsión y planificación adecuada en la asignación de personal demuestra una gestión errónea e irresponsable que pone en riesgo la vida y el bienestar de los usuarios.
Graves incumplimientos al principio de probidad
Más allá de los hechos de altísima gravedad previamente expuestos –los que, por sí solos, justificarían una evaluación inmediata del ejercicio directivo– persisten múltiples faltas administrativas que contravienen de forma directa y reiterada el principio de probidad que rige a toda función pública. Estas infracciones, lejos de ser aisladas o menores, configuran un patrón de negligencia y omisión incompatible con los deberes básicos de un cargo de alta responsabilidad, y serán detalladas a continuación para su evaluación en toda su magnitud institucional.
¡Ya no más impunidad! Exigimos la remoción inmediata de la directora del HEC
A la luz de los hechos expuestos –que incluyen desde la pérdida inexplicable de medicamentos controlados, el robo de un menor, la total inacción frente a denuncias de acoso, hasta las graves irregularidades administrativas y contrataciones flagrantes e inaceptables– se hace evidente que la actual directora del Hospital El Carmen, Dra. Patricia Mellado Reyes, ha demostrado una gestión completamente deficiente, carente de ética y de probidad, y flagrantemente omisiva en el cumplimiento de sus deberes legales. Su incapacidad para actuar con responsabilidad y transparencia ha puesto en riesgo no solo la seguridad de los pacientes, sino también la protección de los funcionarios y la confianza de la comunidad en esta institución de salud.
Situación insostenible
Es inaceptable que una persona con tales falencias al frente de un servicio público continúe en su puesto, ya que su permanencia sólo deslegitima la labor institucional y agrava los problemas dentro del hospital. Este nivel de negligencia e indiferencia ante situaciones tan graves no puede seguir permitiéndose. Por lo tanto, solicitamos de manera urgente y formal a las autoridades competentes la remoción inmediata de la Dra. Patricia Mellado Reyes de su cargo como directora del Hospital El Carmen, y a todo su equipo, con el fin de salvaguardar el correcto funcionamiento de la institución, la integridad de los trabajadores y la dignidad del servicio público que representamos. La situación es insostenible y no puede continuar.
Exigen intervención urgente del hospital
La organización sindical solicitó a ambas autoridades la intervención urgente del hospital, una auditoría médica independiente, la designación de un interventor externo y la investigación de posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales. La denuncia pone especial énfasis en las muertes de pacientes bajo circunstancias irregulares, las omisiones ante alertas clínicas, el desamparo del personal y el riesgo estructural para la población usuaria.
“El Estado no puede seguir mirando hacia el lado mientras la vida de los trabajadores y pacientes es vulnerada todos los días”, señaló una de las dirigentes al momento de entregar el documento.
Con esta acción, la crisis del Hospital El Carmen ya no es sólo un secreto a voces dentro de sus muros. Ha llegado hasta el nivel central de la red pública de salud, exigiendo respuestas al más alto nivel.
Lea la carta completa:
