Willy Ramírez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú, recientemente expuso las limitadas circunstancias bajo las cuales se puede retirar a un partido del Registro de Organizaciones Políticas. En un panorama donde los ciudadanos ya han expresado su descontento por afiliaciones no consentidas a diversas agrupaciones, parece que las sanciones esperadas no son más que un espejismo.
Según Ramírez, las únicas causas que llevarían a la eliminación de un partido serían no alcanzar el umbral electoral del 5% en las elecciones o una iniciativa que provenga del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. “No hay causal para desinscribirlo, si ese término cabe”, afirmó, dejando claro que el proceso es más burocrático que penal.
En medio de este escándalo, mencionó la situación de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), liderada por el excarcelado Antauro Humala, que fue cancelada por motivos distintos, como violaciones a los derechos humanos. Las líneas son borrosas, y las diferencias parecen diluirse en un mar de firmas cuestionadas.
Hasta ahora, de los 43 partidos registrados, 32 tienen firmas problemáticas. Partidos como Perú Moderno y Fuerza Popular están en la lista de sospechosos, con miles de firmas observadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En otras palabras, la próxima elección en abril de 2026, marcada por una nueva estructura bicameral, podría ver cómo algunas de estas agrupaciones se desvanecen, pero no por sanciones efectivas.
Esta situación pone en tela de juicio la efectividad del sistema electoral y la verdadera representatividad de los partidos políticos en un país que busca, al menos en teoría, un cambio hacia la democracia y la transparencia.
