Por Claudia Molina B.
En una nueva arista del creciente conflicto que afecta al Hospital San José, el Jefe de Contabilidad (S), Rodrigo Arias Araya, presentó su renuncia voluntaria e indeclinable este 28 de abril, denunciando graves irregularidades administrativas, corrupción y una red de protección interna encabezada por el actual director subrogante, Aldo Yáñez Vera. La carta de renuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Factos, dirigida a Antonio Infante Barros, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), revela acusaciones directas contra la administración actual y apunta al propio Infante como responsable de entronizar a Yáñez en el cargo.
“Permítame usar la misma terminología suya, señor Infante: lo único verdaderamente trucho es erosionar el patrimonio fiscal de la manera como ustedes lo han venido haciendo”, señala Arias en su contundente misiva, en la que expresa que no está dispuesto a prestarse para encubrir a quienes —según afirma— han actuado con “ligereza” para proteger al actual director del hospital [Yáñez Vera], pese a estar al tanto de serias denuncias en su contra.
Entre las irregularidades mencionadas, Arias destaca la “licitación irregular de aseo con la empresa LIM Chile” y la contratación directa de camas para pacientes socio sanitarios. También acusa que se han realizado “informes truchos” para perjudicar a quienes han denunciado estas prácticas, lo que sugiere una posible manipulación deliberada de documentación fiscal.
La carta de renuncia también fue remitida a la Contraloría Regional Metropolitana, con la esperanza —según indica Arias— de que dicha institución logre “limpiar el Hospital San José”, un centro de salud que, afirma, cuenta con trabajadores abnegados que no merecen “estar padeciendo esta administración”.
Este nuevo episodio suma presión sobre Antonio Infante Barros, ya cuestionado por el nombramiento de Aldo Yáñez Vera y por su presunto rol en una red de omisión y encubrimiento que ha permitido la continuidad de prácticas corruptas en uno de los principales hospitales públicos del país.
La Contraloría ya había sido alertada previamente por irregularidades en contratos durante la pandemia y ahora suma esta nueva denuncia interna como un insumo clave en el eventual avance de una investigación más amplia.
Infante desata su vendetta: represalias, presiones y revanchismo contra exdirector denunciante
El ex director del HSJ, Jorge Ramírez, ingresó hoy una nueva denuncia ante el organismo fiscalizador debido a las represalias adoptadas por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, en su contra, tras la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público con fecha 15 de abril de 2025, bajo el número 2025-4-38344, por hechos que podrían constituir fraude al Fisco al interior del Complejo Hospitalario San José cometidas por don ALDO YAÑEZ VERA, actual director (s) del nosocomio, en calidad de autor y del denunciado, en calidad de cómplice y encubridor.
En dicho documento, al que tuvo acceso exclusivo Factos, Ramírez da a conocer detalladamente, las distintas formas en que Infante ha desatado su furia a través de represalias. En este sentido, señala lo siguiente:
1.- Revocación arbitraria de subrogancia: El 11 de abril, mientras Ramírez se encontraba con licencia médica por una cirugía, el SSMN, es decir, Antonio Infante, dejó sin efecto la Resolución que lo designaba como director subrogante del Hospital. Esta medida le fue comunicada recién el 20 de abril, tras el llamado de una periodista que indagaba en el tema. Según Arias, la acción tuvo como único objetivo “sacarlo” de la función que venía cumpliendo desde noviembre de 2024, sin mediar informe ni consentimiento.
2.- Solicitud forzada de renuncia a otro cargo: El 10 de abril, el director del Servicio le solicitó, mediante correo reservado, la renuncia al cargo de Alta Dirección Pública en un plazo de 48 horas. Esta solicitud, que afecta su rol como Subdirector Médico del Servicio de Salud Metropolitano Norte, fue enviada directamente a su domicilio durante su convalecencia.
3.- Comunicación directa al Servicio Civil: Sin respetar los plazos administrativos ni el derecho a defensa, Infante comunicó esa misma mañana la renuncia forzada al Servicio Civil, sin esperar respuesta formal de Ramírez.
Contexto de crisis y denuncias acumuladas
El Hospital San José enfrenta un escenario de alta tensión tras múltiples denuncias por corrupción, favoritismo en licitaciones y redes de protección institucional. Esta nueva arista refuerza los cuestionamientos contra la dirección del nosocomio, encabezada hoy por Aldo Yáñez Vera, nombrado por resolución exenta por el propio Infante Barros, hoy bajo la lupa por su rol en la continuidad de estas prácticas.
La Contraloría General de la República deberá evaluar ahora no sólo las denuncias de corrupción al interior del recinto, sino también el eventual uso de represalias contra un funcionario amparado por el estatuto de protección legal del denunciante, de acuerdo con lo que señala el Estatuto Administrativo.
La carta Yelow: preocupación sin convicción
En medio del incendio institucional que consume al Hospital San José, el Colegio Médico de Santiago (COLMED) decidió sumarse… con una carta. Una misiva cargada de diagnósticos obvios, llamados genéricos y frases tan cuidadosamente medidas que terminan por no decir nada. En el documento —enviado a la ministra Ximena Aguilera— expresan su “preocupación” por la crisis del hospital y llaman a restaurar la gobernanza, asegurar el debido proceso en los sumarios internos y centrarse en los pacientes. Todo correcto, todo en su lugar, todo sin costo político. La carta Yelow, como ha sido bautizada entre funcionarios, es lo más parecido a un saludo a la bandera: no incomoda a nadie, no exige nada concreto, no señala responsables y, sobre todo, no se la juega por los profesionales que hoy denuncian corrupción y persecución desde dentro del sistema. La tibieza institucional disfrazada de cooperación.
La renuncia del Jefe de Contabilidad del Hospital San José no es un hecho aislado: es una señal de alarma ineludible. Cuando un alto funcionario decide romper el silencio y denunciar con nombre y apellido a quienes hoy administran la salud pública, lo hace porque las vías institucionales han fracasado y la corrupción ha echado raíces. La protección a denunciantes no puede seguir siendo letra muerta mientras se ejecutan represalias con total impunidad desde las más altas esferas del Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Última llamada: o se actúa con firmeza o se institucionaliza la corrupción
El caso de Rodrigo Arias Araya y la denuncia contra Antonio Infante Barros deben marcar un antes y un después. No hay margen para la ambigüedad: o se protege a quienes se atreven a enfrentar la corrupción desde dentro, o se convierte el Estado en cómplice activo de su propia degradación. La ciudadanía ya no tolera los eufemismos ni las maniobras encubridoras. Se requieren medidas drásticas, inmediatas y congruentes. Porque cada día que pasa sin que se actúe, se pierde algo más que dinero público: se pierde confianza, justicia y, en última instancia, vidas.
