Cuando el abandono se hizo norma
Por Claudia Molina B.
Después de años de denuncias, filtraciones incontrolables y riesgos para pacientes críticos, un informe de la Contraloría confirmó lo que las autoridades de salud quisieron ignorar: el Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) operó bajo condiciones de infraestructura que no sólo vulneraron la seguridad sanitaria, sino que pusieron en peligro vidas humanas. El abandono dejó de ser excepción para convertirse en norma.
Una denuncia que sacudió la indiferencia
La historia de esta investigación comenzó con las alertas públicas que durante años han sido visibilizadas en la cuenta de X de la periodista que suscribe, cuando desde los pasillos del San Borja emanaban no sólo aguas servidas, sino también el clamor de funcionarios y pacientes que no podían seguir trabajando ni sanando en condiciones tan indignas.
Fue recién tras la denuncia del senador Juan Luis Castro González que la Contraloría inició una investigación especial. El resultado fue categórico: se constató la existencia de filtraciones de aguas servidas, fallas eléctricas sin certificación, ausencia de protocolos de mantenimiento y una falta absoluta de trazabilidad en las acciones realizadas.
Desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2024, las filtraciones afectaron de manera persistente las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de Tratamientos Intensivos (UTI), con consecuencias gravísimas para pacientes inmunosuprimidos y electrodependientes.
Una infraestructura que colapsaba en silencio
El informe revela que el hospital carecía de registros formales de mantenimiento y que las soluciones aplicadas frente a emergencias, como cortar el agua potable o poner sábanas para contener derrames, eran más propias de la improvisación que de un sistema hospitalario serio.
En múltiples ocasiones, las filtraciones impactaron la capacidad operativa de la UCI, obligando al cierre de salas enteras y poniendo en riesgo directo a pacientes de alta vulnerabilidad.
La administración hospitalaria no sólo tardó en responder, sino que —en numerosos episodios críticos— simplemente no respondió. Las solicitudes de reparación enviadas por la jefa de la UPC adulto, Francisca Ríos Campano, quedaron muchas veces sin contestar, incluso ante situaciones de emergencia que comprometían la vida de los internados.
Fallas eléctricas sin control y sanciones sanitarias
Aún más grave: la Contraloría constató que el hospital realizó intervenciones eléctricas entre 2007 y 2024 sin certificar ni declarar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), incumpliendo la normativa vigente.
Así, pacientes conectados a ventiladores mecánicos o monitores vitales quedaron expuestos a cortes de energía que, en más de una ocasión, afectaron la operación de las unidades.
En paralelo, las inspecciones realizadas por la Seremi de Salud Metropolitana detectaron graves deficiencias sanitarias: falta de mantención de alcantarillados, eliminación incorrecta de desechos hospitalarios y carencia de medidas preventivas. Esto derivó en multas sucesivas contra el hospital.
El eco de un abandono que nadie quiso escuchar
El abandono no fue un accidente. Fue una decisión.
Fue la opción por la omisión sistemática de respuestas, la elección de priorizar apariencias sobre vidas humanas.
Cada vez que un correo quedó sin respuesta, cada vez que una filtración se dejó correr por semanas, cada vez que se ignoró una advertencia técnica, se perpetuó un riesgo inaceptable en el corazón de un hospital público.
Hoy, la Contraloría exige medidas: investigación sumarial, regularización de instalaciones eléctricas y el diseño de protocolos de control y prevención efectivos. Pero, como bien sabemos, el daño ya está hecho. Y aunque el informe confirma lo denunciado por años, aún falta la rendición de cuentas política y administrativa que las víctimas merecen.
Una lucha que recién comienza
Este informe no es un punto final. Es apenas un primer paso.
Gracias a la persistencia de quienes alzaron la voz y a quienes confiaron en las investigaciones y denuncias realizadas por esta periodista, hoy existe una base documental que obliga a las autoridades a actuar.
Pero la gran pregunta sigue abierta:
¿Habrá voluntad real de cambiar un sistema que, por años, ha preferido tapar las filtraciones con sábanas, en vez de asumir su responsabilidad? La respuesta más sensata en este momento es NO, pues, hasta el 5 de abril las filtraciones continuaban sin parar. ¿Con qué excusa el director del HCSBA, Jorge Wilhelm se presentará esta vez? ¿Cuál será la responsabilidad que asumirá la directora del SSMC, Ximena Morlans y la Ministra ausente, Ximena Aguilera?
El San Borja Arriarán es hoy símbolo de esa disyuntiva. Y su historia aún está lejos de terminar.
