El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, se pronunció sobre temas candentes que involucran a destacados políticos en casos judiciales en curso. En concreto, Valencia abordó las investigaciones que afectan al exjefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, implicado en el caso ProCultura, y a la exsenadora Isabel Allende, conectada a la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
Valencia destacó la importancia de mantener la reserva en estos casos, aunque criticó la legislación vigente que, según él, facilita la filtración de información una vez que se levantan los secretos judiciales. Durante un encuentro con la prensa, afirmó: “Hemos dicho que en la investigación del caso ProCultura y en la investigación del caso Guardia Vieja, han tenido niveles de reserva bastante apropiados a lo largo de estos meses”. Sin embargo, manifestó su frustración porque al terminar los plazos de secreto, la ley obliga a entregar copias incluso a aquellos querellantes que no son afectados directamente.
El fiscal enfatizó su desaprobación del marco legal actual, en el que, una vez levantada la reserva, se suministran copias a varios intervinientes, abriendo la puerta a la difusión de información. En relación a la denegación por parte del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de incautar teléfonos pertenecientes a Crispi, Allende y Maya Fernández, Valencia explicó que tales procedimientos requieren autorización judicial debido a las garantías constitucionales.
Valencia subrayó que los jueces deben realizar un control judicial exhaustivo para verificar la proporción y justificación de las solicitudes de los fiscales. En este contexto, cualquier negativa a autorizar dichas solicitudes es parte del mecanismo que asegura un proceso penal justo y balanceado.
