El quiebre entre el Ministerio de Salud (Minsal) y el Colegio Médico de Chile (Colmed) se agudiza. Esta vez, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, declinó asistir a la Asamblea General Ordinaria del gremio, profundizando el distanciamiento institucional justo cuando crecen las críticas por la forma en que el Gobierno está abordando la fiscalización de licencias médicas.
El conflicto surgió tras las declaraciones del Colmed en una carta a El Mercurio, donde manifestaron su “total rechazo a la forma en que actualmente se está llevando a cabo la fiscalización de la emisión de licencias médicas, sin las garantías mínimas de un debido proceso y poniendo en serio peligro el derecho de las y los trabajadores al reposo en caso de enfermedad”.
Según el gremio, estas acciones provienen de organismos dependientes del Ministerio, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), sin respeto por derechos laborales básicos.
En respuesta, el Minsal lamentó la postura del Colegio Médico, asegurando tener “una voluntad permanente de diálogo”, y mencionó que se habían realizado reuniones recientes con la directiva del gremio.
Sin embargo, mediante una carta a la presidenta del Colmed, Ana María Arriagada, la ministra Aguilera justificó su ausencia en la Asamblea señalando que “debido al inserto publicado en un medio de prensa que afecta directamente la imagen de nuestra institución, me veo en la obligación de declinar mi asistencia”. Pese a ello, reafirmó el “compromiso con el diálogo constructivo”.
No es primera vez que la ministra se resta de buscar soluciones
Este nuevo gesto de distanciamiento institucional no es un hecho aislado. Diversas fuentes del sector salud critican que la ministra Ximena Aguilera ya ha optado reiteradamente por evitar comprometerse con soluciones concretas ante denuncias graves provenientes de trabajadores de hospitales públicos. Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital San José, donde la crisis sanitaria y administrativa se ha profundizado bajo la gestión del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante Barros, cercano político de la ministra y conocido en el entorno de la cartera como “Tono”.
Pese a los múltiples antecedentes y reportajes que evidencian corrupción, abandono institucional y falta de personal crítico, el Ministerio de Salud ha optado por la omisión. No se han activado medidas efectivas de control, fiscalización ni intervención directa, manteniéndose en silencio incluso frente a querellas judiciales en curso que involucran a directivos del sistema.
Esta actitud de evasión frente a la crítica legítima de gremios profesionales y trabajadores de la salud no solo daña el clima institucional, sino que también pone en tela de juicio el verdadero compromiso del Minsal con la salud pública y con la transparencia en la gestión sanitaria.
