A cinco años de su inicio, la compleja investigación que busca esclarecer presuntos actos de corrupción durante la gestión de Katherine Martorell como subsecretaria de Prevención del Delito continua estancarse. Según fuentes cercanas, el Ministerio Público podría estar considerando cerrar el llamado Caso Motorola debido a la falta de acciones pendientes por parte del fiscal a cargo de la causa, Francisco Ledezma y el nulo interés del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en participar más activamente en el proceso.
Desde el inicio de la investigación, han existido cuestionamientos sobre las metodologías y el tiempo de duración de esta causa. La falta de avances concretos plantea un debate en torno a la duración razonable de una investigación penal, especialmente cuando no se han formalizado cargos. Esta situación genera efectos colaterales no sólo para los involucrados, sino también para la percepción pública sobre la justicia y la transparencia en Chile.
La inercia en casos de tal magnitud y trascendencia crítica deja serias interrogantes acerca del sistema judicial y la manera en que se gestionan estos procedimientos de alto perfil. Con el CDE mostrando aparente desinterés y sin pasos claros a seguir, la expectativa sobre los futuros movimientos del Ministerio Público se transforma en un punto de atención tanto para expertos legales como para la ciudadanía.
