El escándalo que rodea al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por las acusaciones de violación y abuso sexual, ha llevado a La Moneda a tomar una postura defensiva. Desde el inicio de la crisis, la estrategia ha sido distanciarse lo más posible del otrora reconocido militante socialista. Sin embargo, una reciente decisión ha reavivado las llamas en el seno del Ejecutivo.
La noticia de la recontratación de Cristina Vilches, exjefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), por el director general Eduardo Cerna, ha caído como un balde de agua fría en el Gobierno. A pesar de que no existían impedimentos legales para su reincorporación, los cuestionamientos sobre la prudencia de esta decisión son palpables, especialmente tras su “retiro absoluto” hace apenas seis meses.
La reacción de La Moneda fue inmediata al conocer esta recontratación. La falta de comunicación previa por parte de Cerna generó tanto sorpresa como molestia en las esferas gubernamentales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó públicamente su disconformidad con la determinación del director de la PDI, pidiendo explicaciones y, posteriormente, solicitando que se revisara la situación de Vilches.
Tras una llamada a las 20:30 horas, Cordero y Cerna debatieron sobre la controversia, llegando a un acuerdo en torno a la insostenibilidad de la situación. Apenas 20 minutos después, se emitió un comunicado informando que Vilches había renunciado a su cargo.
Mientras el Gobierno busca desactivar esta crisis, el impacto de la recontratación de Vilches podría extenderse más allá de este incidente particular. La atención mediática y la presión de la oposición no cesan, lo que plantea un desafío adicional para la administración de Gabriel Boric, especialmente con la inminente aparición pública del Presidente tras su viaje a Brasil.
