Recientemente, la municipalidad de Lo Barnechea ha dejado al descubierto una serie de acciones altamente cuestionables al liberar más de veinte expedientes que incluyen fichas de exministros del gobierno de Sebastián Piñera. Estas diligencias fueron ejecutadas por un equipo sin las atribuciones legales necesarias, revelando un uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo a la información publicada por el periodista Claudio Pizarro Sanguesa, de la Unidad de Investigación de El Mostrador, las fichas, elaboradas durante la gestión del exalcalde Cristóbal Lira —quien fue subsecretario de Prevención del Delito—, estaban destinadas a monitorizar a adversarios políticos que participaban en manifestaciones tras el estallido social. El equipo Sección de Análisis y Reacción Inmediata [SARI], encargado de estas actividades, se dedicaba a rastrear información personal de dirigentes sociales y políticos, creando informes que incluían fotografías, direcciones, georeferenciaciones, todo muy al estilo de una “policía política”.
El concejal Francisco Madrid, quien solicitó la información, destacó que la entrega de documentos estaba llena de tachaduras, obligándolo a utilizar herramientas informáticas para descifrar datos que el municipio pretendía ocultar. Entre los hallazgos, se encontraban expedientes de ministros de la administración Piñera y detalles sobre sus residencias que revelaban vulnerabilidades de seguridad.
Críticos como el Doctor en Procesos en Instituciones Políticas, Daniel Soto, han denunciado que esta práctica no solo excede las competencias municipales sino que también vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la administración actual de Lo Barnechea pretende minimizar la pertinencia de estas acciones, afirmando que se realizaron de “buena fe”.
El caso apunta a una cultura de vigilancia desmedida que trasciende el ámbito político, afectando a líderes comunitarios y grupos sociales. El hecho de que el municipio tenga recursos para estas fichas y no para verdaderos problemas sociales deja entrever la desconexión del gobierno local con las necesidades de su población.
