Por: Equipo Factos
Una creciente controversia rodea la reciente adjudicación de la licitación pública internacional para la administración de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) en Chile, otorgada a la empresa española Altia Consultores. A pesar de que la adjudicación fue formalizada mediante la Resolución Afecta N°1 del 26 de marzo de 2025, y tomada de razón por la Contraloría General de la República el 15 de abril del mismo año, múltiples irregularidades administrativas y legales amenazan con deslegitimar el proceso, además de levantar serias alertas sobre el historial de la empresa adjudicada.
Irregularidades en la documentación
La adjudicación, que corresponde a la licitación ID 630-48-LR24 de la Subsecretaría del Trabajo, ha sido duramente cuestionada por haber favorecido a un oferente que, según los antecedentes disponibles, no cumplía con requisitos fundamentales establecidos en las bases del concurso.
Una de las faltas más graves radica en la presentación de documentación inválida: Altia acompañó cartas de compromiso y anexos clave firmados por profesionales en el extranjero, específicamente en Vigo y Bilbao (España), que no estaban debidamente apostillados, como lo exige la legislación chilena para la validez de documentos privados otorgados fuera del país. Además, tales documentos fueron modificados en su contenido respecto a lo aprobado por la Contraloría, incluyendo el cambio del país de suscripción y la inclusión de profesionales que ni siquiera cuentan con permisos laborales para ejercer en Chile.
Esto vulnera directamente las bases de la licitación, que estipulan que los compromisos de exclusividad debían otorgarse en Chile, en el formato y condiciones estrictamente visadas por la Contraloría. La falta de acreditación de exclusividad de servicios, sumada a la ausencia de permisos laborales, vuelve inadmisible la oferta presentada por Altia, según criterios técnicos y legales de evaluación.
Representación irregular
Otro elemento que compromete la validez de la oferta adjudicada es que los documentos de postulación fueron firmados por un mandatario que no contaba con poder especial, conforme a la escritura acompañada. El representante tampoco cumplió con el requisito formal de firmar como apoderado de la agencia chilena de Altia, es decir, sin anteponer la expresión “p.p. Altia Consultores Agencia Chile”, como lo exige el poder notarial vigente.
Estos vicios de forma y fondo no sólo debieron haber llevado a la exclusión de Altia del proceso, sino que, al no hacerlo, comprometen la legalidad de la resolución de adjudicación misma, fundándose esta en una evaluación técnica que partió de una oferta inadmisible.
El antecedente internacional: corrupción en España
Más allá de los cuestionamientos legales locales, la adjudicación a Altia genera un ruido aún mayor por el prontuario que arrastra la empresa en Europa. En España, Altia ha sido objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción para obtener licitaciones públicas. Estos antecedentes, que dan cuenta de prácticas asociadas a un “cartel de licitaciones”, hacen aún más polémica su llegada a un contrato clave con el Estado chileno.
En 2023, medios españoles revelaron que Altia formaría parte de una red de empresas que manipulaban procesos de contratación pública, influyendo indebidamente en licitaciones mediante acuerdos colusorios y tráfico de influencias. Pese a este historial, y sin una revisión exhaustiva del riesgo reputacional de la empresa, la Subsecretaría del Trabajo, que, al momento de la adjudicación se encontraba encabezada por Giorgio Boccardo Bosoni, decidió seguir adelante con la adjudicación.
¿Blindaje o negligencia?
La combinación de antecedentes nacionales e internacionales sugiere que la licitación de la Bolsa Nacional de Empleo fue resuelta sin el debido rigor técnico ni ético. Expertos en transparencia y contratación pública han advertido que adjudicar recursos del Estado a una empresa con documentación inválida y antecedentes por corrupción en su país de origen no solo contraviene principios legales, sino que vulnera la confianza pública en los procesos de licitación.
Hoy, con la toma de razón ya concretada, sólo una impugnación formal o una revisión judicial podría revertir este proceso. Sin embargo, lo ocurrido deja un precedente inquietante sobre la calidad de las evaluaciones y la debilidad institucional frente a oferentes internacionales con antecedentes cuestionables.
Mientras tanto, queda abierta la pregunta: ¿quién se hace responsable de haber premiado a una empresa investigada por corrupción con uno de los contratos más estratégicos para el acceso al empleo en Chile?
