En los últimos meses, la plataforma digital del Ministerio Público chileno ha estado bajo escrutinio crítico debido a sus limitaciones técnicas, especialmente la prohibición de enviar archivos mayores de 5 MB. Esta restricción genera serias dificultades para quienes necesitan presentar pruebas cruciales, como grabaciones de alta calidad, en los procesos judiciales.
El desencadenante de esta controversia fue una denuncia pública realizada por el ingeniero Tomás Rivera, recogida por el diario El Mercurio, en la que exponía sus problemas al intentar enviar videos de cámaras de seguridad a través del sistema de Fiscalía.
Expertos como Alejandro Espinoza, presidente de la fundación Amparo y Justicia, han destacado que estos obstáculos desincentivan la presentación de denuncias al hacer que el sistema resulte poco accesible y requiera un esfuerzo considerable para adaptarse a su uso.
El núcleo del problema radica en el obsoleto Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), una herramienta que lleva años sin recibir actualizaciones pertinentes para alinearse con los avances tecnológicos actuales. Lo que terminó por agravar la situación fue el fracaso del millonario proyecto Red de Gestión Penal (RGP), puesto en marcha para sustituir al SAF, que luego fue descartado por problemas en su funcionalidad, resultando en un costo monumental de $7 mil millones.
El exfiscal Carlos Gajardo ha señalado críticamente este despilfarro financiero y la posterior investigación penal como un evidente retroceso en el intento de agilizar la resolución delictiva. También, desde el ámbito legal, la abogada Catherine Lathrop sostiene que la digitalización sin un soporte técnico confiable incrementa las complicaciones procesales, a menudo requiriéndose la entrega física de evidencias para cumplir con los requisitos.
A pesar de que el Ministerio Público asegura que existen medios alternativos, como las oficinas de atención presencial, hay un consenso entre víctimas y profesionales del derecho sobre la necesidad imperiosa de actualizar el sistema digital para evitar que se erija como un nuevo escollo en el acceso a la justicia.
