En un nuevo giro del conflicto migratorio en Estados Unidos, un juez federal se pronunció sobre la situación de Kilmar Abrego Garcia, un salvadoreño que fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador. La jueza Paula Xinis ordenó que funcionarios de la administración Trump testifiquen bajo juramento para esclarecer si incumplieron sus órdenes de facilitar el retorno de Abrego Garcia.
Xinis, del distrito de Maryland, reafirmó la posición de la Corte Suprema al respecto, subrayando la desobediencia a una directriz clara de repatriación del salvadoreño, y describió las declaraciones del gobierno estadounidense y el presidente salvadoreño como “desaciertos” en comunicación. La jueza ha exigido acción inmediata, requisando actualizaciones diarias sobre los planes de regreso de Abrego Garcia.
Kilmar Abrego Garcia había residido en EE. UU. durante aproximadamente 14 años, con un precedente jurídico que le protegía de la deportación debido al riesgo de persecución por pandillas en El Salvador. A pesar de ello, fue deportado bajo la administración Trump, una acción calificada de “error administrativo”.
El caso ha suscitado protestas y requiere que la administración proporcione soluciones expeditas. Mientras tanto, el senador demócrata Chris Van Hollen busca viajar a El Salvador para verificar el bienestar de Abrego Garcia. El asunto ha puesto de manifiesto las tensiones en las políticas migratorias de EE. UU., en un contexto donde derechos básicos como el debido proceso están en el centro del debate.
En este contexto, la administración Trump mantiene su postura de no involucrar a los tribunales en aspectos diplomáticos de la repatriación, estableciendo un claro conflicto de poderes entre las ramas ejecutiva y judicial.
