En un esfuerzo por reforzar la justicia y combatir el crimen organizado en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado un proyecto de ley que busca asegurar que los abogados defensores en casos de crimen organizado, narcotráfico o terrorismo reciban honorarios de fuentes legítimas y a través de medios de pago formales. Esta iniciativa ahora pasa al Senado para su revisión.
El proyecto establece que los pagos a los abogados no se podrán realizar en efectivo; deberán efectuarse mediante métodos que aseguren su trazabilidad, como transferencias electrónicas o cheques. Además, los abogados deberán demostrar ante los tribunales el origen de los fondos recibidos al concluir su defensa.
El diputado Juan Fuenzalida argumentó en el debate que ya no es aceptable que los tribunales permitan el uso de fondos obtenidos ilícitamente en el pago de cauciones, destacando que muchos de esos fondos están “manchados con sangre”.
Este proyecto también refuerza la legislación que regula la Unidad de Análisis Financiero, obligando a los abogados a informar a este organismo sobre los fondos que reciben en casos relacionados con el narcotráfico u otros delitos graves. Las sanciones para quienes incumplan las nuevas obligaciones incluyen la suspensión del ejercicio profesional durante periodos de entre seis meses y un año.
Durante el debate, se destacó que si bien el proyecto es un avance significativo para garantizar la legitimidad de los recursos en las defensas legales, algunos parlamentarios señalaron que su impacto será limitado si no se acompaña de medidas adicionales, como el levantamiento del secreto bancario. El diputado Jaime Araya enfatizó que esta ley representa un avance en la defensa de la democracia contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
