La intervención de la Asociación de Funcionarios Judiciales en el caso del juez Antonio Ulloa ha puesto en relieve una serie de eventos que involucran a figuras notorias del sistema judicial chileno. Ulloa, actualmente bajo escrutinio por tratar de influir en nombramientos de jueces y fiscales, ve su posición cada vez más comprometida.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales ha solicitado la suspensión de Ulloa tras allanarse su oficina. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido no intervenir directamente, considerando que no es competente para tal decisión. De acuerdo al tribunal, es la fiscal judicial quien debe proseguir con la investigación disciplinaria. En línea con este fallo, la asociación planea presentar la solicitud de suspensión ante la fiscalía judicial correspondiente.
Este dilema comenzó con acusaciones contra Ulloa y su colaboración con el abogado Luis Hermosilla, con quien habría influido en 14 nombramientos judiciales. La gravedad de estas acciones ha impulsado una investigación por parte de la Fiscalía Regional de O’Higgins.
A pesar de las pruebas, el camino hacia la resolución de este caso parece complicado. Si bien Ulloa admitió haber recibido ayuda de Hermosilla para asegurar su cargo, las decisiones adoptadas por los tribunales no han favorecido hasta ahora una investigación sumaria disciplinaria. No obstante, presiones adicionales surgen tras la publicación de conversaciones reveladoras donde Hermosilla supuestamente intervino a favor de Ulloa con cercanos del expresidente Piñera.
El caso del juez Antonio Ulloa continúa desarrollándose, en medio de un contexto de escrutinio público y procedimientos judiciales complejos. La resolución de su situación podría marcar un precedente sobre la ética y la transparencia dentro del Poder Judicial de Chile.
