El fallo del Tribunal Constitucional que resultó en la destitución de la senadora Isabel Allende por infringir el artículo 60 de la Constitución ha generado una sólida respuesta de diputados socialistas. Estos legisladores están investigando a cinco parlamentarios, incluyendo a Juan Castro, Luciano Cruz-Coque, Fidel Espinoza, Jaime Mulet y Ximena Ossandón, por posibles transgresiones a la misma norma que prohibe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
La destitución de Isabel Allende se debió a que, según la ley, celebró contratos en contra de las regulaciones estipuladas. A raíz de esta situación, un informe de The Clinic descubrió que otros cinco parlamentarios pudieron haber cometido faltas similares, lo que llevó a los diputados socialistas a considerar la presentación de estos casos ante el Tribunal Constitucional.
El reportaje señala que Juan Castro, del Partido Social Cristiano, figura en una red de sociedades que habría obtenido más de $3 mil millones en contratos públicos. Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, es socia de Cumplo Chile Spa, presuntamente beneficiada con más de $28 mil millones en fondos del Estado. Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, fue vinculado a una empresa liderada por su esposa luego de su salida, mientras que Fidel Espinoza del Partido Socialista, y Luciano Cruz-Coque de Evópoli, también estarían implicados en acuerdos similares.
Los parlamentarios mencionados se defienden alegando desconocimiento o separación de las empresas involucradas, mientras que los diputados socialistas argumentan que el mismo criterio que se usó contra Allende debería aplicarse a estos casos. Con antecedentes en mano, evalúan la posibilidad de presentar estos casos al Tribunal Constitucional para una resolución justa.
