En el marco de un acalorado debate político, la bancada de diputados de Renovación Nacional ha lanzado duras críticas a Francisca Moya, jefa de la división Jurídico-Legislativo de la Segpres. La polémica surge tras la admisión de Moya sobre su conocimiento de una inhabilidad en la transacción de la histórica casa de Salvador Allende, un hecho que ha desencadenado una serie de acusaciones y un requerimiento formal ante la Contraloría.
Los diputados de oposición señalan que Moya, a pesar de haber sido consciente de la situación, no cumplió con su deber de advertir sobre la posible inconstitucionalidad de la venta. Este acto ha sido interpretado por ellos como un incumplimiento de sus obligaciones legales, generando tensiones dentro del ámbito legislativo y dudas en torno a la gestión de la Secretaría General de la Presidencia.
Aun con las críticas y el revuelo causado por la confesión, el Gobierno ha decidido mantener a Francisca Moya en su puesto. Esta postura ha sido motivo de indignación por parte de algunos sectores que exigen responsabilidad y transparencia en el manejo de asuntos públicos de tal relevancia histórica y legal.
