Por Claudia Molina B.
Dra. Erika Dahl, destapó esta semana un entramado de presiones, encubrimientos y silencios institucionales que apuntan directamente a la dirección del hospital y al Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). La denuncia no sólo busca justicia en tribunales, sino que también lanza una advertencia sobre los mecanismos de impunidad que operan dentro del sistema público de salud.
Una fiscal incómoda para el poder
La historia parte con la asignación formal de la Dra. Dahl como fiscal de un sumario administrativo clave, en marzo de 2025, mediante resolución del entonces director subrogante del hospital, Dr. Marcelo Olivares Villarroel. El sumario tenía por objeto investigar las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República y la propia auditoría interna del recinto, en relación con el ocultamiento de información, desorden en adquisiciones y posible manipulación de procesos administrativos.
Pero, apenas iniciadas las indagaciones, surgieron las primeras señales de alarma: el principal involucrado en el sumario era el subdirector administrativo, Aldo Yáñez Vera, quien, según testimonios internos, operaba con un grado de poder informal inusualmente alto para su cargo.
Intervención directa desde el SSMN
La querella revela un hecho especialmente grave: el director del SSMN, Dr. Antonio Infante Barros, habría intervenido directamente para frenar el curso de la investigación. Lo hizo, según la denuncia, presionando al Dr. Olivares para remover a la Dra. Dahl del cargo de fiscal antes que ésta decidiera citar a declarar a Yáñez. El mensaje fue claro para Olivares: si no accedía a la solicitud, su futuro como director titular del hospital estaría comprometido.
Esta no sería la primera vez que Infante Barros aparece respaldando a Yáñez Vera. Según antecedentes entregados por la denunciante, ya en 2025, Infante se habría presentado en una reunión de alta dirección defendiendo abiertamente a Yáñez y amenazando con sanciones a quienes no lo reincorporaran en funciones, pese a estar destituido. Esa conducta fue reportada bajo la Ley N° 21.643 (Ley Karin) por dos funcionarios, pero, hasta ahora, no ha habido consecuencias administrativas conocidas.
El correo que lo cambia todo
El 3 de abril de 2025, un correo electrónico marcaría un punto de quiebre. Nicolás Lagos Muñoz, abogado del hospital, solicitó a la Dra. Dahl entregar el expediente del sumario —aún en desarrollo y de carácter secreto— al actual director subrogante, Dr. Erik Poblete, o a él mismo. Esta orden, que no contaba con resolución administrativa ni con fundamento legal, fue rechazada de plano por la fiscal Dahl, quien decidió entregar el expediente directamente a la Contraloría General de la República, como establece el reglamento.
Este intento de intervenir un proceso en curso constituye, según la querella, una orden administrativa ilegal que busca alterar el curso de la investigación y proteger a funcionarios cuestionados.
¿Un patrón de encubrimiento?
El delito imputado, prevaricación administrativa, apunta a quienes, desde una posición de autoridad pública, dictan resoluciones injustas o ejercen actos administrativos ilegales para beneficiar o perjudicar a terceros. Pero la denuncia no es sólo un acto legal: es también una advertencia de que existe una estructura de poder enquistada en el Hospital San José, capaz de proteger a ciertos funcionarios a costa de debilitar los procesos de fiscalización interna.
La estrategia de presión —según el relato de la querellante— combina represalias laborales, amenazas veladas y uso indebido del poder jerárquico, todo en un contexto institucional donde los mecanismos de control parecen estar subordinados a lealtades internas.
Silencios institucionales y consecuencias humanas
La situación denunciada ocurre en un hospital que ya ha estado bajo la lupa por malas condiciones de infraestructura, sobrecarga de personal y abandono administrativo. Lo que esta querella pone en evidencia es que la corrupción administrativa también tiene consecuencias clínicas y humanas: si el personal técnico y médico es intimidado o apartado por cumplir con su deber, la atención a los pacientes se convierte en una víctima silenciosa del poder mal ejercido.
¿Quién responde?
Al cierre de esta nota, ni el Ministerio de Salud, conducido por la Dra. Ximena Aguilera, ex PPD y muy cercana con Infante Barros ni la dirección del SSMN han emitido declaraciones públicas respecto a la querella. El recurso fue ingresado en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, y se espera que el Ministerio Público determine si abrirá una investigación penal formal contra las autoridades señaladas.
Lo que queda claro es que esta no es una simple disputa interna, sino una alerta institucional sobre cómo se manipulan los controles del Estado desde dentro y una señal de que hay funcionarios dispuestos a romper el silencio, aunque eso signifique enfrentarse a la maquinaria del poder.
Llama poderosamente la atención, finalmente, lo que nos relata una antigua funcionaria del Hospital: “me sorprende mucho que Antonio hipoteque su trayectoria profesional de años, por defender a un tipo de dudosa reputación como Aldo Yáñez ¿usted ve a algún jefe de servicio apoyando a Infante, Poblete o Aldo Yáñez? No lo verá. Sólo encontrará de aliados a dos o tres dirigentes gremiales que son los de peor fama por años en la institución. La gente realmente seria y comprometida con el hospital ya descubrieron que esto tiene un tufillo a negociado”.
