La destitución de la senadora Isabel Allende ha generado un fuerte impacto en la escena política chilena. El Tribunal Constitucional acordó su cese por firmar un contrato de compraventa con el Estado, acción considerada una violación al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Gobierno durante su mandato.
La repercusión de este caso ha encendido las alarmas en el Congreso. Parlamentarios y asesores legales están revisando antecedentes similares que podrían abrir camino a más destituciones. La norma constitucional, aparentemente olvidada, cobra una nueva relevancia tras este precedente que podría modificar el equilibrio político en el país.
Un artículo de The Clinic evidenció la existencia de varios legisladores con vínculos contractuales con el Estado, como el senador Juan Castro Prieto y la diputada Ximena Ossandón, entre otros. Los contratos incluyen desde arrendamientos a organismos estatales hasta servicios prestados a municipalidades, provocando cuestionamientos sobre la legalidad de sus actividades y cargos.
La comunidad jurídica también está dividida en este tema. Mientras algunos expertos como Flavio Quezada creen que la norma podría aplicar a familiares o socios indirectos, otros, como Arturo Fermandois, defienden una interpretación más estricta y limitada a contratos directos.
Aún se espera la sentencia formal sobre el caso de Allende, situación que mantiene en suspenso no solo al Congreso sino también al Tribunal Constitucional, donde se barajan opiniones sobre una posible reversión del fallo. Este escenario vuelve a poner a prueba la estabilidad y la interpretación de las leyes en el sistema político chileno.
