La ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, ha salido al paso de las críticas dirigidas hacia la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, en relación a la venta de la casa de Salvador Allende. La controversia surge porque Moya reconoció conocer las inhabilidades de la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, durante este proceso.
Etcheverry subrayó que la jefa jurídica reiteró el enfoque del gobierno, coincidiendo con la Contraloría, al enfatizar que el decreto 38 fue sometido a un análisis de legalidad, conforme a lo que establecía en su momento. Este proceso fue confirmado por la Contraloría durante la toma de razón.
La ministra fue clara al afirmar que el Gobierno ha reconocido que el procedimiento no se llevó a cabo de manera adecuada. Esto ha generado consecuencias significativas, incluyendo responsabilidades políticas, y se están realizando sumarios administrativos para determinar responsabilidades adicionales.
La vocera indicó que la tarea de la división jurídica legislativa de la Segpres fue revisar el decreto 38 conforme a la legislación aplicable. Este análisis concluyó que el decreto era legal y, por tanto, debía ser firmado, en línea con lo mencionado por la Contraloría ante la comisión especial investigadora.
Por el momento, Francisca Moya continuará en su posición dentro de la Segpres, aunque Etcheverry afirmó que todos los integrantes del Gobierno están bajo constante evaluación.
