En una decisión que promete impactar en la política de seguridad urbana, el juez Andrés Gallardo ordenó que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) asuma el control de la seguridad en las calles. Esta orden llega tras varios episodios de represión llevados a cabo por las fuerzas federales durante manifestaciones semanales. La resolución busca asegurar que sea la Policía de la Ciudad quien custodie las manifestaciones, en un intento por salvaguardar la autonomía de la CABA.
La orden de Gallardo no tardó en generar reacciones. Patricia Bullrich, líder del partido de derecha PRO, presentó una denuncia contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Según Bullrich, se trata de una intervención que infringe las facultades del gobierno federal. A su vez, la administración actual de la Ciudad anunció que apelará la decisión.
El fallo obliga al GCBA a gestionar el operativo de seguridad frente a la anunciada manifestación de jubilados y sindicatos bajo la égida de la Confederación General del Trabajo (CGT), programada para este miércoles. Gallardo determinó que el Ministerio de Seguridad de la Nación debe abstenerse de intervenir, a menos que se trate de asuntos estrictamente federales.
Este es un nuevo capítulo en el ya tenso conflicto entre las jurisdicciones local y federal, y un recordatorio del delicado equilibrio de poderes en la Capital del país vecino. La decisión del juez Gallardo podría sentar un precedente importante sobre la distribución de competencias entre gobiernos.
