Recientemente, el Tribunal Constitucional dictaminó la destitución de Isabel Allende, una de las senadoras más icónicas del Partido Socialista. Tras el fallo, surgieron críticas hacia Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, por su supuesta responsabilidad en el proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
En una comparecencia ante la comisión investigadora, Moya afirmó estar al tanto de las regulaciones que impedían a la senadora Allende y a la ministra Maya Fernández participar en contratos con el Estado. Sin embargo, defendió las acciones de su equipo, señalando que su papel se limita a la revisión legal de decretos presidenciales.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que el proceso de adquisición de inmuebles como la casa de un expresidente se lleva a cabo mediante varias etapas. Subrayó que el Ministerio de Bienes Nacionales es el responsable de estas transacciones. Asimismo, enfatizó que el decreto involucrado fue aprobado sin vicios de ilegalidad, respaldado por la Contraloría General.
Elizalde reafirmó que la compra de propiedades presidenciales responde a una política de preservación del patrimonio histórico, con la intención de crear espacios para recordar la gestión de los expresidentes. Sin embargo, lamentó que algunas etapas del proceso no se ejecutaron correctamente, lo que llevó a la toma de responsabilidades pertinentes.
