En una jugada política que promete agitar las aguas de la actual administración, el diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, ha manifestado su intención de considerar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Presidente Gabriel Boric. Esta acción surge en el contexto de la controvertida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, donde se plantea un complejo entramado de responsabilidades legales.
Arroyo argumenta que es esencial que el mandatario actúe dentro de los marcos legales establecidos en la Constitución. En sus declaraciones, ha señalado que si se demuestra alguna irregularidad, se deberá analizar la responsabilidad de Boric. Su premisa se sustenta en el reciente fallo del TC que resultó en la cesación del cargo de la senadora Isabel Allende, aplicando un artículo constitucional que prohíbe a los legisladores involucrarse en contratos con el Estado mientras ocupan sus cargos.
“Es fundamental que el Presidente de la República actúe dentro de los marcos legales establecidos en nuestra Constitución”, enfatizó Arroyo. Tras el fallo, Boric enfatizó su respaldo hacia Isabel Allende, catalogando la decisión como “dolorosa”, pero subrayando que en Chile, “las instituciones se respetan” y que los fallos del TC deben ser acatados.
Este nuevo escenario plantea un posible y delicado conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, quienes ven en esta situación una oportunidad para cuestionar la gestión del Gobierno en temas de probidad y patrimonio. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise la conducta del propio Presidente no hace más que añadir leña al fuego en un ambiente político ya de por sí tenso.
