Este lunes, la atención del país estará centrada en la Corte Suprema, que revisará la apelación de la diputada Catalina Pérez, quien está involucrada en el polémico caso Democracia Viva. La audiencia está programada para las 14:00 horas y su desenlace será crucial para determinar si la parlamentaria podrá seguir cubierta por su inmunidad o si, por el contrario, deberá enfrentar acciones legales en su contra.
El origen del escándalo se remonta a las acusaciones del Ministerio Público, que aseveran que Pérez estaba al mando de la fundación que recibió más de 400 millones de pesos a través de un convenio autorizado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este convenio fue gestionado, en ese entonces, por Carlos Contreras, una figura clave en la trayectoria política de la diputada, quien fue su jefe de gabinete.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ya había aprobado el desafuero de Pérez en febrero pasado, argumentando que ella había participado en la recolección de antecedentes que justificaran la asignación de los fondos, a pesar de que la fundación no cumplía con los requisitos necesarios para obtener dicho beneficio. Sin embargo, su defensa ha refutado estas afirmaciones, señalando que la resolución del tribunal no cumple con estándares jurídicos y que en el caso no se presentan elementos que prueben algún acto ilícito, lo que haría innecesario el desafuero.
El desenlace de esta jornada será vital para medir la repercusión del caso no solo en la carrera política de Pérez, sino también en el eventual impacto que esto tenga en el clima político actual y en la credibilidad de las instituciones en un contexto donde las acusaciones de corrupción son cada vez más comunes.
