Por: Claudia Molina B.
La Fundación ProCultura, reconocida por su labor en la preservación del patrimonio cultural en Chile, se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en la asignación y uso de fondos públicos. Esta indagatoria, que forma parte del denominado “Caso Convenios”, ha revelado una serie de anomalías que han captado la atención pública y política en el país.
Puntapié inicial de la Investigación
El “Caso Convenios” emergió en junio de 2023, cuando se detectaron irregularidades en la transferencia de fondos desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta hacia diversas fundaciones, incluyendo ProCultura. Estas anomalías motivaron una investigación penal que posteriormente se amplió a otras regiones y organizaciones. En respuesta a las acusaciones, ProCultura se autodenunció ante la fiscalía, admitiendo haber seguido “recomendaciones” de la Seremi para contratar personal que también trabajaba para el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) regional, sin su conocimiento.
El 17 de noviembre de 2023, ProCultura anunció el cese inmediato de sus operaciones, citando un “irreparable daño patrimonial y reputacional” derivado de las investigaciones y la cobertura mediática del caso. Este cierre afectó a numerosos proyectos culturales y patrimoniales en todo el país, dejando en incertidumbre a comunidades y trabajadores vinculados a la fundación.
Allanamientos
En octubre de 2024, la Fiscalía Regional de Coquimbo llevó a cabo allanamientos en 14 domicilios, 12 en la Región Metropolitana y dos en la del Biobío, como parte de la investigación en curso. Estas acciones buscaban recopilar evidencia sobre posibles delitos de fraude al fisco y lavado de activos relacionados con los convenios suscritos por ProCultura.
Implicaciones Políticas
La investigación ha salpicado a diversas figuras políticas. En octubre del 2024, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, fue citado a declarar en el marco de la investigación sobre eventuales delitos de fraude al fisco y lavado de activos relacionados con ProCultura. Crisóstomo optó por guardar silencio durante su comparecencia. En noviembre de 2024, Irina Karamanos, socióloga y expareja del presidente Gabriel Boric, declaró como imputada ante la Fiscalía de La Serena debido a su presunta implicación en el “Caso Convenios”. Karamanos defendió su inocencia, aportando pruebas para refutar las acusaciones y criticando la falta de precisión en los informes policiales.
Próximos Pasos y Expectativas
El fiscal regional de Antofagasta y que está detrás de esta investigación, Patricio Cooper, ha indicado que podrían surgir “sorpresas” a medida que avance el proceso, sugiriendo la posible implicación de más funcionarios y autoridades en el caso en los próximos días.
La opinión pública y diversos sectores políticos permanecen atentos a los desarrollos de esta investigación que podría tener implicaciones significativas en la gestión de fondos públicos y la transparencia en la colaboración entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro en Chile.
