El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha salido al paso de las críticas lanzadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales. Estas agrupaciones cuestionaron decididamente la decisión del Ministerio Público de no continuar con la investigación de 1.509 causas relacionadas con violaciones de derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019.
La respuesta de Valencia, enviada a través de su jefa de gabinete, Catalina Wildner Zambra, a la presidenta de la AFEP, Alicia Lira Matus, fue un intento por calmar las aguas de un mar de indignación. Lira Matus acusó a la fiscalía de incurrir en “un acto flagrante de denegación de justicia”.
Las organizaciones, al presentar una carta al Ministerio Público el pasado 28 de febrero, manifestaron su descontento absoluto con la decisión, evidenciando que esta acción es reflejo de una “voluntad institucional por la impunidad”. Atribuyen estas infracciones a funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas, lo que según ellos deslegitima el derecho a la movilización social.
La Fiscalía Nacional argumentó que no se habían reunido antecedentes suficientes para poder fundar acusaciones. Aclararon que la clausura de las causas ocurrió de manera gradual desde 2020, destacando que tanto la investigación del Ministerio Público como las limitaciones en la recolección de pruebas han impedido avances significativos.
Además, se mencionó la creación de una Unidad Especializada en Derechos Humanos, una jugada que busca fortalecer la capacidad investigativa en esta área. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, las críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos no cesan.
Las agrupaciones han reiterado su llamado a esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos y a garantizar que se haga justicia para las víctimas, evitando así que semejantes atrocidades se repitan en el futuro.
