El Gobierno de Chile ha admitido lo que muchos sospechaban: la seguridad en la región de La Araucanía no alcanza para realizar la tercera exhumación de los restos de Pablo Marchant, un miembro destacado de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Este cuerpo, enterrado en un fundo en Lumaco, se ha convertido en un símbolo de disputa y controversia en la zona.
A medida que la situación de seguridad sigue deteriorándose, especialmente en localidades donde la tensión territorial es palpable, la decisión de posponer la exhumación pone de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad en un conflicto que ya se ha extendido por años.
La noticia ha sido recibida con reacciones encontradas; algunos destacan la prudencia del Ejecutivo para evitar mayores enfrentamientos, mientras que otros critican la falta de acciones concretas ante la violencia en la región. La incapacidad de llevar a cabo la exhumación de Marchant podría ser vista como un reflejo del debilitamiento de la autoridad estatal frente a grupos radicalizados.
La situación en La Araucanía es un tema recurrente en la agenda pública y conjuga elementos sociales, políticos e históricos que han generado un caldo de cultivo propicio para el conflicto. La incapacidad del Gobierno de Gabriel Boric de abordar este problema de manera efectiva ha generado un desgaste considerable, dejando a la población en un estado de incertidumbre.
