El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha tomado una decisión drástica: el empresario Sergio Ponce será mantenido en prisión preventiva mientras se investiga su presunta implicación en una serie de delitos graves. El fiscal Víctor Vidal ha formalizado cargos en su contra por 12 delitos, que incluyen estafa y lavado de activos. Lo intrigante de este caso es cómo Ponce, bajo la apariencia de honestidad, se integraba en la vida íntima de sus víctimas para ganar su confianza y, posteriormente, despojarles de propiedades millonarias.
Ponce, quien se valía de la complicidad de su madre y diversos testaferros, es acusado de realizar traspasos fraudulentos de bienes raíces a nombre de estos para ocultar su rastro. La denuncia ha sorprendido a muchos, especialmente a los padres agustinos, de la orden de San Agustín, quienes denunciaron al empresario por la apropiación de una de sus propiedades en el balneario de Las Cruces, V región, avaluada en, al menos, 1.500 millones de pesos.
El juez no ha tenido miramientos al calificar a Ponce como un peligro, lo que refuerza la gravedad de los cargos en su contra. Este caso no solo pone de manifiesto la fragilidad de la confianza que algunos depositan en los demás, sino que también deja al descubierto la necesidad de una mayor supervisión en el sector inmobiliario.
Aun así, es importante recordar que, según el Artículo 04 del Código Procesal Penal, la presunción de inocencia debe prevalecer, y los imputados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia decida.
