En un giro drástico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó a sus socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluyendo a la española Repsol, que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela han sido cancelados. Esta medida, anunciada en las últimas horas, ha generado un revuelo significativo entre las compañías afectadas, que también incluyen a Global Oil Terminals de EE.UU., la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries.
Estas empresas habían recibido permisos excepcionales para operar con crudo venezolano en sus refinerías alrededor del mundo, permisos que, irónicamente, fueron otorgados durante la administración del demócrata Joe Biden. Sin embargo, tras la reciente orden de Trump de imponer un arancel del 25% a cualquier compra de crudo y gas de Venezuela, muchas de ellas ya habían suspendido sus importaciones.
Cabe destacar que tanto Repsol como Reliance habían solicitado autorizaciones para operar en Venezuela, buscando evitar cualquier sanción en su incursión dentro del polémico mercado del petróleo. Pero con la nueva administración de Trump, la situación se ha tornado más complicada. Las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar sus operaciones en el país latinoamericano, intensificando así una campaña de aislamiento hacia Venezuela que busca, entre otras cosas, influir en la manejabilidad migratoria entre ambos países.
En febrero, Venezuela había logrado exportar 910.000 barriles diarios de crudo y combustible, un ligero aumento respecto a enero, que quizás no compensará el impacto de estas sanciones. Además, Trump ha revocado licencias estratégicas, como la de la estadounidense Chevron, obligándola a desmantelar sus instalaciones en el territorio venezolano.
Este escenario marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, donde las decisiones sobre el petróleo no solo afectan las economías, sino que también tienen repercusiones en la política migratoria y en las relaciones diplomáticas.
