En el marco de una investigación por presunto fraude al fisco relacionado con la adquisición de un software de interceptación telefónica que nunca fue utilizado por el Ministerio Público, el fiscal José Morales ha ordenado la incautación de dispositivos electrónicos de varios implicados, incluyendo al exfiscal Luis Toledo.
Toledo, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Drogas, habría recomendado la compra del software Vigía Elite Advanced a la empresa Suntech S.A. en 2019, durante la administración de Jorge Abbott. A pesar de la adquisición, el software nunca fue implementado.
La investigación, aún en etapa desformalizada, involucra también a una funcionaria activa del Ministerio Público y a un exfuncionario del área de informática. La semana pasada, un equipo de la Fiscalía Regional Centro Norte realizó diligencias en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, incautando el celular y el computador de Toledo, los cuales se encontraban en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde actualmente trabaja.
La polémica por la compra del software para interceptar llamadas se debe, entre otras cosas, en que fue adquirida por la exorbitante suma de US$ 30.000.000 y porque fue recomendada por el exfiscal Luis Toledo, quien actualmente se encuentra en la mira de las autoridades. Sin embargo, la situación ha tomado un cariz mucho más complejo, ya que el software no resultó ser capaz de procesar las 5.000 interceptaciones mensuales que se esperaban, convirtiéndose en una inversión fallida para el Ministerio Público.
Toledo, sólo se ha referido al tema señalando que él no tuvo injerencia alguna en la compra del software ni en su viabilidad técnica. Sin embargo el persecutor, fiscal José Morales, ha demostrado que sus dudas y ejes de investigación pone en tela de juicio, además de Toledo, a una funcionaria activa y a un exfuncionario de informática, todos implicados en un potencial fraude al fisco que podría tener repercusiones significativas en el sistema judicial.
Este escándalo no sólo pone en entredicho la gestión de recursos en el sector público, sino que desata una serie de interrogantes sobre la eficiencia y transparencia en las decisiones que afectan a todos los chilenos. Mientras tanto, la expectativa crece por saber qué más saldrá a la luz en las próximas etapas de esta investigación.
