En un nuevo capítulo de lo que parece ser una historia de corrupción en el servicio público chileno, el diputado Leonidas Romero ha levantado la voz en contra de Víctor Valenzuela, director del Servicio de Salud Concepción. Según Romero, Valenzuela mantiene vínculos empresariales sospechosos con otros directivos de la repartición, quienes también están involucrados en empresas de capacitación. Esta denuncia ha llevado a solicitar una investigación formal a la Contraloría, abriendo la puerta a posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Valenzuela, por su parte, no ha negado las relaciones comerciales, pero ha asegurado que las empresas en cuestión se encuentran inactivas. Sin embargo, el trasfondo de esta situación es inquietante: los vínculos de los socios se remontan a la administración de Michelle Bachelet, lo que añade una capa más de controversia a la situación actual.
Uno de los puntos más llamativos es la empresa denominada “Crecer”, que, según las declaraciones, fue transferida a las cónyuges de Valenzuela y de otro colaborador. Este hecho, que a primera vista podría parecer trivial, plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la ética en el servicio público, especialmente en un sector tan sensible como lo es la salud.
A pesar de las acusaciones, Valenzuela ha negado haber obtenido beneficios económicos a través de estas sociedades, un reclamo que quedará a interpretación de los organismos competentes. En medio de estas alegaciones, ¿será que los chilenos tendrán que esperar aún más para ver justicia en el uso de sus recursos?
