El caso SQM se alzó como uno de los escándalos de corrupción más resonantes en la historia de Chile, sacudiendo la estructura política durante el segundo año de Michelle Bachelet. La investigación comenzó al detectarse aportes ilegales a campañas políticas provenientes de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), lo que llevó a un complejo procedimiento judicial que desnudó una extensa red de complicidades.
A lo largo de este proceso, nombres de alto perfil como el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exsenador de la UDI, Pablo Longueira, se vieron arrastrados a la contienda judicial. También destacados fueron el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, y el secretario general del Partido Progresista, Cristián Warner. La lista no terminó ahí; otros imputados incluyeron a Marcelo Rozas de la DC y Roberto León Araya, así como a figuras como Carmen Luz Valdivieso y Marisol Cavieres, quienes también fueron mencionados en esta trama de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía decidió no continuar con el caso contra 34 posibles imputados.
En 2015, la investigación tomó un giro polémico al nombrar a Pablo Gómez y Carmen Gloria Segura como fiscales a cargo, una elección que suscitó dudas debido a la relación matrimonial de Gómez con Patricia Pérez, exministra de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera. Segura, por su parte, tuvo un papel estelar, recibiendo una remuneración mensual de $7.5 millones, acumulando así cientos de millones durante su tiempo al frente de la causa.
No obstante, tras casi una década de investigaciones, Carmen Gloria Segura decidió renunciar al Ministerio Público, nunca asistiendo a las audiencias del juicio, lo que resultó en críticas severas sobre su efectividad y compromiso. La fiscal Paola Castiglione González asumirá la investigación, en un claro reflejo de que la sombra del caso SQM aún se cierne sobre el sistema judicial chileno.
