En el escenario político chileno se ha encendido un intenso debate tras la revelación de un mensaje de la diputada Karol Cariola, quien describió al presidente Gabriel Boric de forma poco amable. Esta situación, que inicialmente parecía un conflicto interno en el Partido Comunista, ha destapado una serie de interrogantes sobre el uso de filtraciones por parte de la Fiscalía, que en este caso han trascendido el ámbito privado y han impactado la opinión pública.
El mensaje de Cariola, filtrado durante una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias, golpeó directamente su imagen pública y, posiblemente, facilitó su renuncia como presidenta de la Cámara. Este no es un hecho aislado, pues la práctica de filtrar información ha sido objeto de críticas y controversias en Chile. Con el apoyo de las filtraciones, hemos conocido escándalos como el caso Penta, que involucró a altos funcionarios, y no siempre para bien.
A pesar de que las filtraciones pueden ser vistas como un mecanismo para mantener a los poderosos bajo el escrutinio público, la forma en que se manejan también deja entrever intereses políticos por parte de la Fiscalía. La denuncia del diputado Luis Cuello es un claro ejemplo de las tensiones actuales, implicando que estas acciones podrían estar instrumentadas con intenciones políticas en lugar de una búsqueda objetiva de la justicia.
Otro ejemplo radica en la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, cuyas decisiones recientes han sido bien recibidas en el ámbito mediático gracias a las filtraciones sobre el ‘Caso Lencería’. Sin embargo, lo que se deja de lado son las interrogantes sobre otros casos que han quedado en la penumbra, como el caso Procultura, que involucra a actores significativos en el entorno político.
Las filtraciones han jugado un papel crucial no solo en el caso de figuras políticas, sino que su uso ha sido desproporcionado en el ámbito de las reivindicaciones mapuches, donde la prensa ha difundido información con agenda de la Fiscalía que ha llevado a la prisión de inocentes. El caso Luchsinger-Mackay, por ejemplo, dejó claro que la mediática puede influir en la percepción pública, más allá de la culpabilidad real de los acusados.
En resumen, el dilema de las filtraciones en Chile se presenta como una espada de doble filo; pueden servir para revelar verdades ocultas, pero también pueden ser manipuladas para fines políticos que ponen en riesgo el debido proceso. En palabras del fiscal nacional, Ángel Valencia, este es un “problema estructural” que ha plagado a la Fiscalía por décadas.
