El Presidente Gabriel Boric se enfrenta a una situación delicada tras recibir una invitación para declarar en una investigación que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sobre la fallida compra de la emblemática casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Providencia.
Este conflicto se remonta al 13 de marzo, cuando desde la Presidencia se confirmó que Boric estaba dispuesto a colaborar con la justicia. En esa ocasión, se resaltó que “el Presidente de la República ha estado y está disponible para aportar lo que sea necesario en este caso”. Ahora, la situación toma un giro inesperado, ya que Boric debe comparecer en calidad de imputado debido a la querella interpuesta en su contra.
Boric, al reafirmar su disposición a colaborar, expuso que mantiene la convicción de que las casas de Allende y la familia Aylwin deberían ser patrimonio público y preservar su historia. Sin embargo, no evitó reconocer que había una inhabilidad en este proceso de compra que debería haberse considerado.
La citación inicial estaba programada para el 27 de marzo, aunque desde Presidencia se informó que la fecha exacta se comunicará oportunamente. Esto agrega presión sobre el mandatario, quien ahora está en el centro de una pesquisa que podría afectar su imagen y su capacidad de gobernar.
La Fundación Fuerza Ciudadana interpuso la querella por posibles delitos de fraude al fisco, malversación de fondos y tráfico de influencias, todos vinculados a esta controvertida transacción. Un punto crítico en este escándalo es la inhabilidad legal que existía para que los ministros, entre ellos la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, pudieran participar en la compra, dado que ella es nieta de Allende y una de las propietarias del inmueble.
