El Gobierno chileno se prepara para entregar este 28 de marzo los antecedentes relacionados con el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda a la Corte Penal Internacional. Esta decisión se efectúa en un contexto de creciente atención internacional hacia derechos humanos en América Latina.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, liderará la entrega, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, quien se presenta como cabeza de la comisión encargada de esta tarea. Esta acción, anunciada previamente por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, busca aportar a las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía en La Haya, dando un paso significativo en la colaboración internacional respecto a crímenes que trascienden fronteras.
A pesar de que la noticia había sido anticipada, es relevante la formalización de este proceso, especialmente considerando la seriedad del caso Ojeda y su impacto dentro de la comunidad internacional. La entrega de antecedentes puede ser vista como una medida del Gobierno de Chile de demostrar su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad en la región.
A medida que se aproxima la fecha, el mundo estará expectante ante las revelaciones que puedan surgir de esta entrega. La actividad es vista no solo como un paso judicial, sino también como un intento de mejorar la imagen de Chile en temas de derechos humanos, un aspecto que ha generado críticas internas y externas en los últimos años.
