En una jornada marcada por la polarización política, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la posibilidad de avanzar con la acusación constitucional presentada contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. La acción buscaba determinar responsabilidades políticas en medio de la controversia surgida por la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende.
El proceso se presentó con un apoyo inicial de 64 votos a favor y un contundente 70 en contra, lo que resultó en el archivo de la acusación. Este rechazo se suma a otros cinco fracasos similares que ha enfrentado la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, reflejando, una vez más, la dificultad para generar un consenso en un escenario político tan polarizado.
Los comentarios sobre esta decisión no se hicieron esperar. Algunos críticos de la actual administración aseguran que la falta de apoyo a esta acusación pone en evidencia la impunidad y el escaso control que la oposición logra establecer sobre el Ejecutivo. Por su parte, los partidarios del gobierno celebran el rechazo como una defensa del gabinete y una señal de que las acciones políticas pueden ser más constructivas al margen de acusaciones que dividen todavía más a la sociedad.
Así, la oposición debe replantear sus estrategias si quiere tener éxito en futuras instancias, ya que el rechazo de esta acusación constitucional se convierte en un nuevo golpe a su credibilidad.
